José Manuel recibió a primera hora numerosas llamadas de compañeros avisándole de la noticia del Diari de que la Audiencia Provincial había sacado de la cárcel al joven de 19 años que hace unos día intentó apuñalarle en la estación de Sant Vicenç de Calders.
José Manuel atiende la llamada mientras se viste para ir a una estación, de la que evita revelar el nombre, donde trabajará de vigilante de seguridad. «¿Y qué quieres que haga?». Aunque sabe que «el hombre que intentó matarme está otra vez suelto y quizá como represalia pretenda acabar lo que ya intentó». Indignación, rabia, impotencia «y miedo», es el estado con el que el vigilante de seguridad estará en la estación. «Pero ya no sólo yo. Cualquier vigilante de seguridad seguirá hoy estando vendido ante cualquiera que quiera atacarle».
El pasado 3 de noviembre un grupo de viajeros en la estación de Sant Vicenç de Calders alertó a la pareja de vigilantes de que unos jóvenes realizaban destrozos en un vagón. Los vigilantes fueron agredidos por los dos jóvenes. Uno de ellos apuñaló a uno de los miembros de seguridad privada. El cuchillo iba directo al corazón, pero el teléfono móvil que llevaba el vigilante en el bolsillo le salvó la vida. Los jóvenes fueron arrestados por los Mossos y el agresor con el cuchillo ingresó en prisión acusado de un delito de tentativa de homicidio. Ahora la Audiencia ha dictado su salida de la cárcel al considerar que no hay riesgo de reiteración ni de fuga, además de tener domicilio conocido y arraigo familiar en España.
A José Manuel, el vigilante atacado y que hasta hace poco tenía que seguir asistido por un psicólogo, lo de la no existencia de riesgo de reiteración le indigna. El vigilante tiene 50 años, lleva 27 en ese trabajo y muchos de ellos en estaciones, por lo que sabe cómo actúan algunas personas que se mueven por determinadas líneas. «Saldré a trabajar como otros días», dice el vigilante. «Aun sabiendo que puedo tener represalias de quien me intentó matar».
El abogado defensor del joven de 19 años que saldrá a la calle pidió dejar sin efecto la prisión provisional al considerar que su defendido no ha cometido ningún delito castigado con una pena igual o superior a los dos años, ni tampoco existen motivos bastantes para considerarle responsable criminalmente de los mismos. Tampoco existe ningún peligro de que intente ocultar o destruir fuentes de prueba relevantes para la investigación. Sin embargo el fiscal solicitó que el acusado siguiese en prisión preventiva.
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