Una docena de agentes uniformados atendió a las víctimas en los andenes de Atocha tras el estallido de las bombas, pero estos solo han sido homenajeados por el sector
Desde que Madrid sufriera los atentados del 11 de marzo de 2004, las administraciones públicas han reconocido a los funcionarios de las fuerzas de seguridad y a las víctimas de la catástrofe que acabó con la vida de 193 personas por sus actos heroicos y su valor durante las 10 explosiones que los yihadistas colocaron en cuatro estaciones de tren. Algunos eran homenajeados y otros, condecorados. Sin embargo, entre ellos nunca ha habido vigilantes de seguridad.
Una docena de vigilantes de seguridad privada atendieron a los cientos de personas heridas que había en los andenes de Atocha. Fueron los primeros profesionales en llegar porque trabajaban allí, a pie de obra, controlando accesos y zonas de paso. Auxiliaron a los lesionados y facilitaron la evacuación de los vagones antes de que aparecieran las ambulancias, los policías nacionales o los municipales, responsables al fin y al cabo de gestionar una emergencia de tales dimensiones. Sin embargo, el Ministerio del Interior no ha reconocido a ninguno de ellos.
Así lo ha puesto de manifiesto hoy el secretario general de la patronal de empresas de seguridad, Eduardo Cobas, durante la presentación de una encuesta sobre el sector elaborada por Canal Sondeo. Cobas ha admitido su decepción porque ningún Gobierno se haya atrevido a reconocer públicamente la labor de esa docena de vigilantes que hicieron todo lo posible por atender a los viajeros, tanto a los heridos como a los que querían salir. La mayoría de estos profesionales, ha subrayado Cobas, han estado en tratamiento psicológico durante mucho tiempo por la traumática experiencia que vivieron.
Hoy por hoy, todos están recuperados y algunos han vuelto a ejercer tareas de seguridad, ha explicado el secretario general de Aproser, quien también ha confesado sentir un poco de envidia de Francia, que sí ha homenajeado a los vigilantes que ayudaron a los ciudadanos tras los últimos atentados sufridos por el país. Se han ocultado las identidades, pero se les ha hecho algún tipo de reconocimiento con el fin de honrar y agradecer la labor que han prestado a sus compatriotas, detalla Cobas. Hace dos años, la Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada se quejó ante la Delegación del Gobierno y la Secretaría de Estado de Seguridad de que ningún organismo público había tenido un detalle con los vigilantes. Solo la entonces delegada, Cristina Cifuentes, respondió a su petición asegurando que haría llegar sus quejas al Ministerio del Interior, que sin embargo nunca tomó una medida de reparación social.
Cobas admite que durante estos últimos 12 años el sector sí que ha homenajeado a los profesionales que actuaron el 11-M, pero se queja de que este reconocimiento no haya venido nunca del Ministerio del Interior ni de la Administración en general. Durante la mencionada presentación, el secretario general de Aproser ha destacado, en la misma línea, que la mayoría de los encuestados (el 73%) considera que la profesión de vigilante no tiene el reconocimiento social adecuado. Solo una de cada cuatro personas cree que sí.
Aun así, según el mismo sondeo, "la percepción sobre los vigilantes de seguridad ha mejorado en los últimos años". Así lo percibe el 62% de los encuestados, que también en ese mismo porcentaje valora como buena o muy buena la existencia de esta figura. Siete de cada 10, además, ven con buenos ojos que los vigilantes controlen infraestructuras críticas en un contexto de incremento de la amenaza del terrorismo internacional. En este sentido, en España el Gobierno pretende introducir un modelo mixto de protección de estas instalaciones, donde ya se han desplegado 200 guardias civiles en colaboración con vigilantes.
Elementos como los filtros para seleccionar a los profesionales que se encarguen del control de estas infraestructuras o la presencia de miembros de seguridad privada en calles y zonas comerciales, sin embargo, se encuentran aún pendientes de que el Ejecutivo desarrolle reglamentariamente la Ley de Seguridad Privada, aprobada en abril de 2014 por el Congreso de los Diputados. Este es uno de los retos que de hecho planteará el presidente de Aproser, Ángel Córdoba, al nuevo ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en la reunión que el primero pedirá al segundo en los próximos días.
Un sector diferente En ese encuentro, Córdoba también pretende hacer ver a Zoido que la reforma laboral del Gobierno debe ser matizada en sectores en los que, como el de la seguridad privada, existe una fuerte presencia de mano de obra. "No son iguales al resto", ha asegurado el presidente de la patronal en la mencionada presentación. Córdoba ha explicado que las empresas que se descuelgan del convenio para ofrecer un precio más bajo que el resto y llevarse los concursos, que básicamente se adjudican a la oferta más barata, lo que hacen en el fondo es "competencia desleal".
El incremento durante los últimos años de empresas de seguridad que bajan el sueldo a sus empleados hasta apenas 700 euros al mes, con el fin de poder concurrir a una oferta pública lo más barato posible, está rompiendo el sector en dos. Por un lado, las mercantiles que están dispuestas a pagar por debajo de convenio y, por otro, las que tienen intención de seguir respetando el pacto con los sindicatos, que en algunos casos han declarado una auténtica guerra judicial a sociedades como Alcor o Seguridad Integral Canaria, a las que denominan piratas del sector.
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