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La CNMC multará a Prosegur con casi 40 millones de euros y a Loomis (Grupo Securitas) con seis por concertar precios en el sector de transporte y manipulación de efectivo
La CNMC no descansa en su lucha a brazo partido contra los múltiples cártelesque operan en los diferentes sectores de actividad económica. Esta vez le ha llegado el turno a Prosegur, la multinacional española líder en el mercado de la seguridad, que será sancionada en los próximos días por concertar precios con su teórico rival Loomis, empresa del Grupo Securitas. El organismo regulador dio cuenta en abril del pasado año de un expediente sancionador incoado a estas dos compañías, al disponer de indicios sobre eventuales prácticas anticompetitivas llevadas a cabo de manera prolongada entre 2008 y 2015 dentro del negocio del transporte y manipulación de fondos.
Las multas que maneja la entidad que encabeza José María Marín Quemadaascienden a más de 46 millones de euros, si bien la palma se la lleva Prosegur, con cerca de 40 millones. Loomis tendrá que hacer frente a otros seis millones. El varapalo cobra mayor significación si se tiene en cuenta que el grupo presidido por Helena Revoredo acaba de anunciar hace unas semanas sus planes para sacar a bolsa la filial de Cash, precisamente la que viene siendo señalada directamente por las investigaciones de las autoridades de competencia desde hace más de un año. Al mismo tiempo, el expediente del organismo regulador contempla multas personales por un importe conjunto de 50.000 euros para el director de Logística, Valores y Gestión Efectivo de Prosegur, J. L. I., y el director comercial de Loomis, J. M. M.
Foto: Prosegur.
La nueva resolución en ciernes de la CNMC deriva de una denuncia presentada a instancias de determinados clientes que se sentían damnificados por las típicas prácticas ilícitas fundamentadas básicamente en una descarada concertación de precios. Una conducta tipificada dentro de la lucha contra los cárteles que el ‘supervisor mayor del Reino’ está llevando a cabo desde su creación hace poco más de tres años. El nuevo regulador único se ha demostrado especialmente eficaz en esta tarea, y solo en 2015 llevó a cabo el desmantelamiento de 14 cárteles en un año récord que se saldó con multas totales por importe de 500 millones de euros.
En el sector del transporte y manipulación de fondos, la CNMC considera que existe un oligopolio de hecho, derivado del fuerte proceso de consolidación protagonizado por esta industria en los últimos años. La autoridad española de la Competencia entiende que realmente Prosegur y Loomis son las dos únicas empresas con capacidad operativa a nivel nacional, ya que el resto de agentes actúan en sus propias demarcaciones locales y se reducen en todo caso a sendas compañías especializadas en las comunidades autónomas de Baleares y Canarias,respectivamente. Bajo estas condiciones, la posibilidad de incurrir en prácticas colusorias constituye una tentación irresistible que solo puede ser reprimida con una estricta política sancionadora.
La sanción incluirá además una multa conjunta de 50.000 euros para el director de Logística y Valores de Prosegur y para el director comercial de Loomis La CNMC ha analizado en el expediente los intentos baldíos que han efectuado algunos de los mayores clientes para forzar una mayor concurrencia en lo que se considera un mercado cautivo de Prosegur y Loomis. El regulador considera que la falta de transparencia en la contratación pública constituye en este apartado un obstáculo añadido a la hora de ampliar la competencia, ya que buena parte de las empresas que necesitan servicios especializados de seguridad son compañías estatales del sector ferroviario, en especial, Renfe, Metro de Madrid y Metro de Barcelona. Junto a estas, figuran también en la lista de damnificados las principales entidades financieras del país y algunos de los grandes grupos de distribución, como El Corte Inglés, Mercadona, Lidl y Aldi.
La tarea de investigación llevada a cabo por los inspectores de la CNMC ha puesto de manifiesto los contactos mantenidos por los citados directivos de las dos empresas de seguridad para demostrar una evidente concertación de precios. Fuentes del sector admiten que Prosegur reclamó en su momento la denominada ‘terminación convencional’ de la investigación, con el fin de llegar a un pacto con el regulador que finalmente fue rechazado por la CNMC. La multa se va a producir en un muy mal momento, dada la estrategia de desarrollo corporativo anunciada por la compañía a finales de septiembre. Prosegur se encuentra inmersa en un proceso de reestructuración societaria encaminado a transformar el modelo de gestión por países en un modelo de gestión por negocio. Este cambio ha dado lugar a la creación de tres divisiones orientadas a seguridad, alarmas y 'cash'.
El plan de la multinacional incluye la opción de sacar a bolsa durante el primer semestre de 2017 una participación minoritaria, hasta un 30%, del negocio de transporte y manipulación de efectivo, que constituye un 45% de la facturación total del Grupo Prosegur. La operación está supeditada a las circunstancias del mercado bursátil, pero los bancos colocadores deberán tener ahora también muy en cuenta la próxima multa de la CNMC y los eventuales efectos que puedan derivarse para la imagen y reputación de la compañía en los mercados de capitales.
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