PALMA: anciones de hasta 600.000 euros por ofrecer seguridad privada sin autorización

Una empresa que ofrecía seguridad privada a terceros en Palma se enfrenta a una multa que puede ascender hasta los 600.000 euros, en el peor de los casos. Esta sanción se debe a que esta compañía prestaba sus servicios sin autorización.

La Policía Nacional también ha propuesto multas para dos trabajadores de esta empresa y para la constructora que la contrató para beneficiarse de sus servicios.

La Policía Nacional ha propuesto una sanción, en virtud de la Ley de Seguridad Privada, a una empresa de servicios, a una constructora y a dos trabajadores de la empresa de servicios, por actividades relacionadas con la seguridad privada sin la autorización correspondiente. Según ha informado la Policía Nacional este jueves en una nota de prensa, durante la investigación se determinó que la empresa investigada ofrecía servicios de controladores de acceso a una constructora en horarios en los que no se trabajaba en las obras, cuando no era necesario controlar el acceso.

La Ley de Seguridad Privada dispone que es sancionable, en relación a la empresa investigada, que la prestación de servicios de seguridad privada a terceros sin autorización es una infracción muy grave. De igual manera, la constructora puede haber incurrido en una infracción muy grave de la citada ley por la contratación o utilización de servicios de empresas de seguridad privada sin autorización específica. Por su parte, los trabajadores incurren en otra infracción muy grave por realizar funciones de seguridad privada sin la habilitación necesaria. Asimismo, los supuestos infractores utilizaban carteles con un logo donde indicaban que la obra estaba protegida por ellos.

La empresa ha sido propuesta para una sanción de entre 30.000 a 600.000 euros, mientras que las constructoras pueden enfrentarse a sanciones de entre 20.000 y 100.000 euros. Por otro lado, los individuos que realizaron funciones propias de vigilantes de seguridad sin la habilitación requerida se pueden enfrentar a sanciones de entre 6.000 y 30.000 euros. Esta investigación es la continuación de las investigaciones que se llevaron a cabo en el mes de mayo por parte de la Unidad Territorial de Seguridad Privada en Baleares en la que ya se sancionó a otras empresas de servicios y varias constructoras por infracciones similares.

Igualmente, han indicado que la Unidad Territorial seguirá vigilante en este tipo de actuaciones y sancionará todas aquellas que infrinjan los preceptos de la Ley de Seguridad Privada.

FUENTE: www.mallorcadiario.com AQUÍ