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El fallo es pionero por parte de la Audiencia Nacional en tanto que establece esa pena económica cuyo importe va creciendo a medida que la compañía dilate el cumplimiento de sus obligaciones. Los magistrados castigan así a Aspy Prevención, en tanto que se ha estado resistiendo desde hace tiempo a cumplir con sus obligaciones legales. Desde marzo del 2020 todas las compañías de 250 o más trabajadores tienen la obligación de tener registrado sus protocolos para evitar que entre sus plantillas existan desigualdades por razón de género. Y desde marzo del 2023 todas aquellas de 50 o más empleados.
La Audiencia Nacional considera probado que Aspy Prevención vulneró el derecho fundamental de la libertad sindical de sus trabajadores, en tanto que se negó reiteradamente a sentarse a negociar con el Sindicato Colectivo Independiente de Trabajadores de Prevención y Salud (CITPS) para consensuar un plan normativo. Ante dicha negativa, la central recurrió al bufete de abogados Col·lectiu Ronda y acabó llevando el caso a los tribunales. A dicha demanda se adhirieron posteriormente CCOO y UGT. Carecer de un plan de igualdad es algo sancionable a ojos de la Inspección de Trabajo. Habitualmente el importe de las sanciones oscila entre 751 hasta los 7.500 euros, si bien podrían elevarse hasta los 225.000 euros si la ausencia del mismo obedeciera a la voluntad explícita de ocultar discriminaciones por razón de sexo. El grado de incumplimiento entre las compañías de este requisito legal es alto, hasta el punto de que, a fecha de marzo del 2023, dos de cada tres empresas en España carecían de un plan registrado.
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