Bartomeu Barceló recurre a Madrid para que se refuerce la vigilancia sobre los funcionarios que investigan la trama de la Policía Local
El fiscal Miguel Ángel Subirán, responsable de la investigación de la trama de la Policía Local, acudió ayer a una conocida empresa de seguridad privada para solicitar datos sobre la contratación de protección especial, que está dispuesto a pagar de su bolsillo, tras sufrir varios episodios de amenazas en los últimos meses.
El funcionario público ha decidido buscar una solución alternativa para evitar ser víctima de algún incidente grave. Desde el ministerio del Interior no se le ha comunicado ninguna medida adicional de seguridad. La empresa le facilitó los precios que se cobran por los diferentes servicios. Se trata de la misma compañía que se encarga de la seguridad de los edificios judiciales de Mallorca, pero que en ningún caso tiene contratada la protección de los funcionarios. El precio de estos servicios está muy lejos del presupuesto que puede asumir un funcionario con su sueldo.
Amenazas continuadas Subirán ha sido víctima desde hace meses de diversos episodios de violencia y amenazas que se repiten en torno a este caso. Intimidaciones que subieron de tono cuando el pasado martes uno de los policías locales que colaboran en la investigación fue apuntado por un revólver cuando se dirigía en coche a su domicilio. Un arma que portaba el copiloto de una moto, que se situó a la altura del coche para intimidar al funcionario. El policía tuvo la sangre fría necesaria para salirse de la carretera, al tiempo que tomaba su pistola y efectuaba dos disparos, que destrozaron el cristal del coche.
El fiscal también ha sufrido varios episodios similares. Hace pocos días, dos individuos que iban en una furgoneta se detuvieron a su altura y uno de ellos, además de insultarle, le hizo un gesto con la mano indicándole que le iba a cortar el cuello. Estas situaciones de intimidación no han hecho reaccionar al ministerio de Interior. No existe constancia, al menos por parte de los amenazados, de que se haya montado un servicio especial de seguridad para proteger a los funcionarios que participan en la investigación. Estos episodios, sobre todo el que ha sufrido el agente que interviene en la investigación, han encendido todas las alarmas, puesto que las reiteradas coacciones ponen en peligro a funcionarios cuyo pecado ha sido sacar a luz una trama corrupta, en la que están implicados policías locales de Palma.
El fiscal superior de Balears, Bartomeu Barceló, ha reaccionado para conseguir una mayor protección para su compañero Subirán. Ha informado a Madrid de la situación originada como consecuencia de esta investigación por corrupción. Barceló, según informa, escribió ayer mismo al fiscal general del Estado para que se adopten medidas especiales de seguridad para preservar la integridad del investigador.
Protección en verano No sería la primera vez que desde Madrid se ordena a las fuerzas de seguridad que monten un dispositivo para proteger a los fiscales anticorrupción. La anterior fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, se alarmó cuando tuvo conocimiento de lo que estaba sufriendo Miguel Ángel Subirán, al enterarse de que habían entrado varias veces en su casa e incluso le habían robado la moto que estaba aparcada en el garaje. Madrigal ordenó que la Guardia Civil protegiera día y noche al fiscal durante los meses de verano, entre otras cosas porque uno de los policías locales investigados por corrupción había alquilado un piso cerca de la residencia del funcionario público. Este servicio se eliminó a principio de otoño y, a fecha de hoy, no se ha reactivado.
Ni el fiscal ni el juez Manuel Penalva, se han sentido protegidos por la Delegación del Gobierno, ya que inicialmente se les denegó la posibilidad de tener una licencia de armas. Los dos funcionarios judiciales tuvieron que recurrir esta decisión, detallando en su escrito todos los episodios de amenazas que se habían producido alrededor de esta investigación. Finalmente, se autorizó al juez y al fiscal que pudieran ir armados.
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