La Junta de Castilla La Mancha hace piña con sus vigilantes de seguridad tras las protestas

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha advertido de que "en el primer minuto" en que considere que la empresa adjudicataria del servicio de vigilancia y de seguridad de los edificios de la administración regional en Toledo, Cuenca y Ciudad Real "no cumple con el convenio sectorial" y los trabajadores vean "merma en sus condiciones laborales", instarán a la resolución del contrato.

"Lo que afirmo con toda rotundidad es que desde el primer momento que constatemos que los trabajadores tienen alguna merma en sus retribuciones o condiciones laborales, instaremos a la resolución del contrato, porque éste se sacó a licitación por el importe para que a los trabajadores les fuera abonadas las retribuciones del convenio sectorial y no el de empresa", ha destacado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina.

Así ha respondido el titular de Hacienda a preguntas de los medios en una rueda de prensa este jueves, día en el que estos trabajadores se han movilizado para "defender sus puestos de trabajo y sus condiciones laborales" frente al Palacio de Fuensalida y las Cortes regionales, donde han criticado que esta Consejería "haya incumplido su compromiso" y los ha puesto "a los pies de los caballos". Asimismo, los trabajadores denuncian que la Junta ha entregado la contrata a una empresa con un convenio colectivo propio "muy por debajo del estatal del sector, sin incluir en el contrato la cláusula acordada para garantizar que la empresa, Sinergias Seguridad, mantiene los empleos, salarios y jornadas vigentes hasta ahora".

"Acorde a la legalidad" En este sentido, el titular de Hacienda ha afirmado que la Junta ha actuado "acorde a la legalidad vigente en materia de contratación, pensando que la empresa adjudicataria va a aplicar el convenio sectorial de seguridad", y ha añadido que "parece ser que la empresa, si quisiera aplicar el convenio de empresa que tiene aprobado, y que está recurrido en los tribunales, no lo puede aprobar".

"El que exista la posibilidad de que las empresas apliquen su convenio de empresa y no el convenio sectorial es consecuencia de la reforma laboral que aprobó el PP. En este caso han sido varias administraciones las que han adjudicado a la misma empresa subcontratas de seguridad como en el Ayuntamiento de Madrid o en el de Barcelona", ha manifestado el  consejero. 

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