Las estadísticas del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) revelan que en 2016 había 7.150 empresas en situación de insolvencia, mientras que el número de concursos ascendió a 4.754 a lo largo del ejercicio.
Esta diferencia es, para Juan Rosell, presidente de CEOE, una muestra de la cantidad de empresas que se liquidan de forma irregular, sin acudir al concurso. Para Rosell, este procedimiento plantea todavía, a pesar de las numerosas reformas, muchos problemas, entre los que hay que hacer hincapié sobre todo en los excesivos privilegios de los créditos públicos. "Cuando las empresas en concurso intentan pactar con Hacienda y la Seguridad Social, no hay acuerdo entre ellas, porque ambas quieren lograr más que la otra. Esta situación se resolvió en Italia acordando que en los procedimientos pares prime Hacienda y en los impares la Seguridad Social", dijo ayer Rosell al presentar la Guía de Actuación de la Empresa ante la Insolvencia, publicada por CEOE y el Consejo General de Economistas. Recordó Rosell, que el 79% de las empresas son sociedades limitadas con una facturación inferior a los 250.000 euros anuales y que aquellas que cuentan con más de 250 trabajadores no llegan a 4.000, aunque representen el 40% del empleo
Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, comentó que "sorprende que las empresas que van a concurso lo hagan por unas deudas que son fundamentalmente públicas". Y añadió que en España existe "poca cultura del concurso de acreedores, ya que todavía las situaciones de insolvencia se perciben como un estigma social, además de disponer de una legislación que, aunque se puede considerar moderna, aún es mejorable".
Para Pich, la legislación debe ser "entendible y adecuada a la realidad, requiriendo además de un ecosistema complejo, así como la necesidad de una mayor cultura tanto social como empresarial respecto al concurso". El autor de la Guía y expresidente del Registro de Economistas Forenses (Refor), Raimon Casanellas, explicó que los tres problemas fundamentales en torno a la concursalidad tienen que ver con que "los acreedores se basan mucho en crédito hipotecario, existe una ley no pensada para pymes y se trata de un procedimiento largo y costoso". Señaló que en España se desarrollan muy pocos concursos de acreedores en comparación con otros países del entorno, porque se trata de un procedimiento "complicado, farragoso y caro, que las pequeñas empresas no emplean porque les da miedo. Por ello, cuando recurren a él, lo hacen tarde, mal y sin reflexionar sobre los aspectos económicas del mismo".
Alarmas financieras a vigilar Casanellas presentó un listado de alarmas financieras a tener en cuenta y revisar periódicamente por las empresas para evitar la insolvencia. El listado empieza por las ventas activos fijos; costes financieros altos; aplazamientos, mediante el análisis de la memoria; superación límites pólizas de crédito; y disminución de la cifra de ventas. También, las pérdidas repetitivas o descensos continuos de rentabilidad; acumulación de existencias; falta de depósito de cuentas anuales; existencias de avales personales; bajas de personal directivo, en especial financieros; cambios regulatorios; vencimientos de contratos o concesiones administrativas; falta de seguro de crédito; e impago de impuestos y de seguros sociales.
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