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El Ministerio de Defensa ha adjudicado por casi 19 millones de euros los servicios de seguridad a la empresa Marsegur Seguridad Privada, denunciada ante el Ministerio de Trabajo por el sindicato FTSP-USO por imponer "precarias" condiciones laborales a sus empleados.
La adjudicación aparece publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tras la decisión de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa. Se trata de los servicios de seguridad, de vigilantes con y sin armas, para el Departamento dirigido por María Dolores de Cospedal y sus Organismos Autónomos. El asunto ha llegado al Congreso de los Diputados de mano de PSOE y Unidos Podemos, que registraron sendas preguntas escritas al Gobierno manifestando su preocupación por las condiciones laborales impuestas por la empresa en un nuevo convenio colectivo. En su respuesta, recogida por Europa Press, el Ejecutivo explicó que Marsegur había sido la adjudicataria del servicio de seguridad del Ministerio de Defensa por haber presentado la oferta económicamente más ventajosa.
Según sostiene, la empresa no tiene ninguna prohibición para contratar y cumple todos los requisitos de aptitud exigidos y recuerda que, según la ley de contratos del sector público, “no resulta posible excluir del procedimiento de licitación a ninguna empresa si no concurre causa legal para ello”. Además, señala que el pliego de adjudicación exige “el cumplimiento de las obligaciones laborales y con la Seguridad Social, tributarias y de cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y de coordinación de actividades empresariales, por parte del contratista, en relación con el personal que presta los servicios”. El PSOE y Unidos Podemos denuncian en sus preguntas parlamentarias que Marsegur, al contar con convenio colectivo propio, “pretende no aplicar” el convenio colectivo estatal del personal de seguridad, imponiendo a sus trabajadores una reducción salarial media del 45 por ciento, según apunta la diputada socialista Miriam Alconchel.
A este respecto, el Gobierno anuncia que la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa ha elevado consultas, tanto a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia como a su propia asesoría jurídica, sobre la posibilidad de incluir como criterio de valoración de ofertas para futuros contratos el compromiso de la empresa licitadora de que aplicará las condiciones establecidas en el convenio colectivo estatal, si son más favorables. Unidos Podemos ahonda en la denuncia de la “vulneración sistemática de derechos laborales” de la empresa, a la que se refiere como “low cost” y pone ejemplos denunciados por la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP-USO) al Ministerio de Trabajo.
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