Una nueva empresa deja de pagar y el sindicato convoca una manifestación en el Parlamento de Andalucía.
Decenas de empleados se han manifestado en las últimas semanas en la provincia de Cádiz por los impagos de sus empresas. Sus pancartas señalan a la compañía para la que trabajan, pero también al concejal, alcalde o presidente, al cargo institucional de la administración pública que se beneficia de sus servicios. No es algo nuevo, aunque varios episodios recientes ponen de manifiesto que «contratar barato sale caro».
Mersant, Limpiezas Bilur... Son varias las empresas adjudicatarias -la mayoría de limpieza y seguridad privada- que en los últimos meses han dejado de pagar a sus trabajadores, que se manifiestan en las calles, convocan huelgas y piden una intervención directa de la institución que indirectamente los contrata.
Las administraciones mueven ficha: Diputación de Cádiz paralizó la semana pasada la huelga de limpiadoras un mes después de que su empresa quebrase. Por su parte, los ayuntamientos dan ultimátums a Mersant, que tiene contratos también con la administración estatal y autonómica, para que pague a sus trabajadores y alcance los tres meses de deuda que permitirían la rescisión de contrato.
En estos últimos días, el sindicato profesional de vigilantes ha anunciado en un comunicado que la empresa Seproalert, del centro El Madrugador de Diputación, tampoco ha pagado los salarios de sus trabajadores. El sindicato ha convocado una manifestación a las puertas del Parlamento de Andalucía el próximo lunes 7 de febrero y pondrá autobuses a disposición de los vigilantes y sus familiares desde Jerez. «Hacemos un llamamiento solidario de apoyo a estos trabajadores de la seguridad privada, para que la asistencia sea masiva», han trasladado en un comunicado.
Según argumentan, «contratar barato sale caro». El secretario del SPV, Antonio Montesinos Ruiz, lo explica así: «Hace unos años poder trabajar prestando servicios en algún organismo oficial era un inmensa suerte. Se contrataban empresas serias y no se conculcaban los derechos básicos de los trabajadores, pues de alguna forma, dichos organismos eran los garantes del bienestar y cumplimiento no solo de sus funcionarios, sino también de las contratas que les prestaban sus servicios: empresas de seguridad, limpieza, mantenimientos, jardinería, etc. Con el paso del tiempo, se modificó la Ley de Contrataciones Públicas y comenzaron a aparecer empresas que ofertando los concursos públicos a la baja obtenían la adjudicación de dichos servicios, habida cuenta de que la propia redacción del pliego de condiciones premia y puntúa sobre manera la oferta económica más barata. Hoy casi todas las administraciones y organismos públicos contratan lo más barato, lo que genera más problemas a los trabajadores de la contratas. Es una pena, que mientras esto sucede, en el sentido inverso, muchos de los políticos de turno se procuran buenos salarios y no dudan en obtener incluso un pluriempleo en distintas de estas administraciones, cobrando lucrativos salarios en ambos, puertas giratorias y todo tipo de desvergüenzas. Podrían pensar un poco más en los ciudadanos y facilitarles sus derechos básicos, quizás reformando leyes a todas luces injustas».
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