Más de 250.000 folios traen de cabeza a un juzgado de Madrid y al Ministerio de Trabajo. Son parte de la investigación del llamado caso Esabe, relativa al presunto fraude de 30 millones de euros a la Seguridad Social supuestamente cometido por las empresas de este grupo, lo que llevó a la detención de gran parte de su cúpula. Nacido en los 90, Esabe apenas tardó unos años en convertirse en uno de los gigantes de la seguridad privada en España. El pasado 7 de enero, la juez Purificación Elisa Romero, titular del Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid, el encargado de la investigación, ordenó que, de forma urgente, se designen cuatro funcionarios para analizar toda esa documentación.
En una providencia, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, solicitó personal para que, "en funciones de auxilio judicial y con la disponibilidad necesaria", estudien tan gigantesco expediente. Asimismo, les encarga que establezcan —individualizando los datos por empresas— cuál es la deuda contraída por cada mercantil del grupo por cada año, de 2008 a 2012, y cada tipo de impago. Pero ésta no es la primera vez que la jueza pide, "a la mayor brevedad posible", estas labores de auxilio judicial. Las solicitó también en septiembre de 2018, mediante un oficio enviado a la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del entonces Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; hoy, desgajado entre los departamentos que encabezan Yolanda Díaz y José Luis Escrivá. El acuerdo de conformación del Gobierno bipartito PSOE-Podemos puso la Inspección en manos de la dirigente morada.
Tras esta solicitud de la juez, se designó a cuatro funcionarios. Pero, tras conocer en diciembre de ese año las características del encargo, el jefe de la Unidad Especial de Apoyo a Juzgados y Tribunales respondió por escrito denegando la participación de estos cuatro empleados públicos, entre los que estaba el propio firmante. "No se reclama un pronunciamiento pericial sobre un objeto claro y determinado, previamente expurgado del material intervenido y que pudiera contener indicios de fraude a la Seguridad Social, sino la búsqueda de tales indicios en todo el material obrante en la causa y con la ubicación física de los funcionarios en las instalaciones del Juzgado", exponía el escrito. Por ello, concluyó, "no pueden abandonar las funciones que tienen encomendadas".
Delito fiscal Estos empleados públicos, se explicaba en el documento, se dedicaban entonces a investigaciones laborales, por lo que estaban inmersos en "expedientes ya iniciados y sometidos a plazos de caducidad de las actuaciones y de prescripción". "En los términos expuestos, ese auxilio judicial constituye, de hecho, una agregación funcional de los cuatro funcionarios al Juzgado en régimen de dedicación exclusiva, por un periodo indeterminado y con el consiguiente cese en las funciones que actualmente tienen encomendadas", reiteraba el jefe de la Unidad Especial.
Ahora, en 2022, la jueza insiste y vuelve a solicitar, "con carácter urgente", la designación de cuatro funcionarios "que cuenten con la disponibilidad necesaria" para que —tras el análisis de los 250.000 folios y de los datos de ordenadores y móviles— emitan un informe sobre si las cantidades supuestamente no declaradas y adeudadas superan los 120.000 euros. Según el Código Penal —en su redacción previa a la última modificación del artículo 307—, existe un delito fiscal a partir de esta cantidad. Actualmente, el texto vigente rebaja la cuantía hasta los 50.000 euros y los delitos que superen los 120.000 euros serán castigados ahora en su modalidad agravada.
Asimismo, en un auto también fechado el pasado 7 de enero, la juez Romero ha acordado ampliar otros seis meses el plazo de instrucción, que vencía el próximo día 29. Antes, había hecho lo mismo el 27 de julio de 2021. Ahora, la investigación podrá practicarse, al menos, hasta el 29 de julio del presente año. En su escrito, dirigido al Juzgado de Instrucción el pasado 20 de diciembre, la Fiscalía Provincial de Madrid interesaba esta ampliación, "dado el estado en el que se encuentra la causa (...) y a la vista de las diligencias que se han acordado". Esto es, el análisis de los 250.000 folios que aún sigue pendiente.
El 'caso Esabe' A finales del año 2012, la Unidad Central de Seguridad Privada de la Comisaría General de la Policía Judicial de la Policía Nacional detuvo a gran parte de la cúpula del grupo empresarial Esabe, dedicado a la seguridad privada. Los agentes arrestaron a una decena de personas por supuestos delitos relacionados con la actividad de la compañía; entre ellos, alzamiento de bienes, insolvencia punible, falsedad documental y delitos contra la Seguridad Social. Estos últimos, derivados de un presunto fraude de 30 millones de euros a la Administración. Durante las detenciones, se practicaron registros en varias sedes de la compañía, principalmente en las de Madrid. También, en los domicilios de varios de los dirigentes. Los documentos incautados fueron custodiados en casi medio centenar de cajas y traslados en dos furgones policiales.
Quien no fue detenido fue Juan José Prados, el propietario de Esabe. Desapareció antes de las detenciones y, aún hoy, sigue en paradero desconocido. Pero la ingente documentación no ha sido la única dificultad a la que se ha enfrentado la instrucción de caso Esabe. No fue hasta septiembre de 2015, casi tres años después de las detenciones, cuando el Juzgado dispuso de un escáner moderno. Hasta entonces, contaba con una fotocopiadora antigua que digitalizaba los documentos siempre que, a mano, fuesen introducidos de uno en uno en la máquina.
En esta causa, ejerce de la acusación pública la Tesorería General de la Seguridad Social y la acusación popular, la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO), cuyo secretario general, Basilio A. Febles señala la "falta de colaboración suficiente" por parte de la Administración Pública y critica "la poca ayuda" que está recibiendo este Juzgado en el escaneo de toda la documentación y la "tardanza" de la Inspección de Trabajo. "Con esta falta de medios, la Justicia no puede funcionar", sentencia. "Y, al final, son los trabajadores de Esade los perjudicados por este mal funcionamiento", culmina.
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