Había noche cerrada en la Sierra de Cádiz y un importante operativo de la Policía Nacional se ponía en marcha para acabar con una supuesta irregularidad que podía terminar costando muy cara. Habían detectado cómo en una finca privada estaban ejerciendo como vigilantes de seguridad unas personas no habilitadas para ello, que además no tenían permisos y que incluso hacían uso de armas reales. Un peligro absoluto cuando de lo que se está hablando precisamente es de seguridad.
Hace unos meses en Sanlúcar también se destapaba otro caso. Se detenía a varias personas que ofrecían por redes sociales servicios de seguridad privada a través de una empresa fantasma. No tenían permiso y ni siquiera la sociedad estaba dada de alta en el registro. Hicieron uniformes, equipos de comunicaciones, llevaban grilletes, habían falsificado unas placas y todo el material se lo cobraba a los que empleaban, gente necesitada, gente sin preparación alguna. Y sin contrato. No cumplían ningún requisito pero eso parece que no les frenaba a la hora de publicitarse y trabajar completamente al margen de la ley. Hasta que la Policía les puso fin.
Pues bien, tras estas dos investigaciones se encuentra la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Policía Nacional en Cádiz, un grupo que se dedica a vigilar de cerca a quien vigila. Su misión es velar porque se cumpla escrupulosamente las reglas en este sector, en el que hay que ejercer un importante control debido a la importancia que juega en la seguridad de los ciudadanos. No es por tanto ningún juego. Actualmente existen en la provincia unos 2.500 vigilantes de seguridad habilitados y unas 1.500 empresas se dedican a ello. «También hay mucho pirata, mucho intrusismo y pésimas condiciones laborales», advierte el inspector que está al frente de esta unidad. «Lo que más nos encontramos es que a veces hay empresarios que se meten en este sector para explotar a quienes contratan, sin respetar convenios. Es una profesión que se identifica con matones de discoteca y no tiene nada qué ver, hay que estar preparado y formado, cumplir la normativa, no se puede poner ahí a cualquiera».
Para estar habilitado como vigilante de seguridad hay que prepararse en academias homologadas, autorizadas, donde hacen un curso preparatorio de varios meses, y dan normativa, código penal, defensa personal, transmisiones, primeros auxilios… hasta conseguir el título. Una vez que lo tienen, deben pasar un examen que hace la Policía en varias convocatorias. Además todos los años tienen que hacer cursos de reciclajes. También para desempeñar seguridad en determinados puestos tienen que realizar cursos específicos. Vigilancia en centros comerciales, puertos, en centrales nucleares, en hospitales… todo está medido.
Explotación laboral Pero sigue habiendo quien prefiere saltarse todo esto y optar por lo más barato, o sencillamente, por enriquecerse a toda costa. Así ocurre por ejemplo con el intrusismo. En este 2021 esta unidad ha destapado más de una veintena de estos casos en la provincia. «Lo que más detectamos es en la obra. Suelen poner a ciudadanos extranjeros como mauritanos. Hacen funciones de vigilancia encubierta ‘low cost’», cuenta el inspector. Así ocurrió por ejemplo en la zona del Matadero en Cádiz donde los agentes detectaron la actividad ilegal de un vigilante extranjero al que hacían entrar a trabajar un viernes al mediodía hasta el lunes, con un contrato de obra y servicio, «y explotación pura y dura». «Te dicen que les dan días libres para compensar pero no es verdad.Se aprovechan de quien lo necesita».
También en el intrusismo, la Policía se está encontrando con muchos casos de vigilantes ilegales que tienen incluso antecedentes. «Algunos han estado en la cárcel y otros pocos nos salen a veces con reclamaciones judiciales en vigor. Por contra, para habilitarte como vigilante no puedes tener antecedentes penales. Es otra garantía más que tiene el usuario de los servicios de seguridad privada que no los tiene el que contrata a un intruso».«Hay mucho pirata, mucho intrusismo y explotación... empresarios que se meten para hacer solo dinero» Además las empresas autorizadas están cubiertas por unos seguros de responsabilidad civil y unos avales que cubren cualquier incidencia de las actuaciones de los vigilantes. Por contra el seguro de responsabilidad civil de una empresa de servicios auxiliares cuyo «auxiliar» está cometiendo un intrusismo podría eludir tener que abogar cualquiera de estas negligencias.
Por otro lado, la seguridad privada está siendo la salida de muchos militares profesionales cuando dejan de cumplir servicio a los 45 años. «Eso es otra garantía ya que luego suelen ser vigilantes muy buenos y disciplinados», opina el agente. «Otros son personas que quisieron ser policías o guardias civiles pero que no pudieron aprobar la oposición. Suelen ser un apoyo excelente para complementar a la seguridad pública». La prestación de servicios de seguridad por empresas no autorizadas y el desempeño de las funciones de vigilancia y protección por personal no habilitado se encuentra severamente castigado en la referida Ley de Seguridad Privada con multas, que en los casos más graves, para las empresas, oscilan entre los 30.001 y los 600.000 euros y pueden conllevar la inhabilitación para el ejercicio de su actividad mercantil.
En el caso de las personas físicas no habilitadas que los presten la cuantía de las sanciones por intrusismo van desde los 6.001 a los 30.000 euros. Asimismo, estas multas se pueden hacer extensivas a los usuarios de los servicios de las empresas no autorizadas y del personal no habilitado. Por tanto, el no cumplir con la ley y así, jugar con la seguridad del ciudadano, puede terminar saliendo bastante caro.
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