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3 de enero de 2022

Denuncia la vulneración de derechos de la empresa adjudicataria de la seguridad de las Oficinas SAE en Sevilla

Ismael Sánchez denuncia la vulneración de derechos de la plantilla de trabajadores de la empresa adjudicataria de los servicios de seguridad de las Oficinas SAE en Sevilla.

Presentará una iniciativa a la consejería de Empleo ya que están prestando un servicio público en dependencias públicas de la Junta de Andalucía

Trabajadores de una de las empresas de vigilancia adjudicataria de los servicios de las Oficinas SAE en Sevilla se han puesto en contacto con el diputado de Unidas Podemos por Andalucía, Ismael Sánchez, para hacerles llegar la denuncia sobre la situación que están sufriendo en sus condiciones laborales y salariales. Se trata de la empresa Mersant Vigilancia S.L. con la que la Junta de Andalucía tiene contratada la seguridad en algunas de las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo, dependiente de la Consejería de Empleo de la Junta, quienes le han trasladado que “no se les está abonando con regularidad las nóminas mensuales a las y los trabajadores, llegando gran parte de los meses con muchos días de retraso; no se les atienden los anticipos solicitados por sus empleados; y están viviendo otros problemas en relación a las horas de trabajo y su compensación, ya que las y los trabajadores están viendo mermadas sus nóminas al haberle reducido el número de horas; o han tenido que sufrir el retraso a la hora de cobrar la paga extra”.

Ante esta situación Sánchez Castillo ha anunciado que presentará una iniciativa a la Consejería, entendiendo que las condiciones laborales y salariales de la plantilla deben ser respetadas. “Cuando la Junta Andalucía cambia de empresa y se subroga a una plantilla, debe mantener las condiciones anteriores como mínimo, si no existe una mejora, pero en este caso nos denuncian que no está cumpliendo esa cuestión” señala el diputado.

Así mismo Ismael Sánchez destaca que “aunque se trate de un conflicto entre trabajadores y empresa, hablamos de una prestación de servicios públicos en dependencias públicas, por lo que la Junta de Andalucía no puede inhibirse ya que es la responsable de garantizar que las condiciones laborales y salariales de estas y estos trabajadores, que están en sus dependencias, se cumplan tal y como figura en el pliego de condiciones técnicas por el que la empresa fue adjudicataria de este contrato”.

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