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La Tesorería paga por la vigilancia y protección de sus edificios a Mersant, una compañía que aparece en la lista de morosos y tiene a sus trabajadores sin cobrar
Cuando los funcionarios de la Seguridad Social concluyen su jornada laboral y el edificio se queda vacío, una empresa que debe 1,2 millones de euros al fisco se encarga de vigilar las dependencias. La Tesorería General encomienda los servicios de vigilancia y seguridad de sus edificios y empleados en Cádiz a Mersant, una compañía que aparece en la lista de morosos y adeuda dos nóminas a sus trabajadores.
La Tesorería General de la Seguridad Social en Cádiz confirma esta cuestión, pero se excusa en que cuando la empresa participó en el procedimiento de licitación, a principios del año pasado, «se encontraba al corriente con la AEAT y Seguridad Social». Cuatro meses después de la adjudicación, la lista de morosos señalaba que Mersant debía 1.248.790,33 euros. En el procedimiento de adjudicación, celebrado a principios de 2021, participaron cinco empresas; Mersant ganó con una oferta de 365.905,59 euros, menos de la mitad del valor estimado del contrato. La anterior empresa adjudicataria ya dejó una deuda de 5.000 euros por trabajador, según la sección de CCOO.
Tesorería insiste en que los mecanismos de contratación actuales «son muy restrictivos respecto a los criterios de adjudicación a utilizar», es decir, que la normativa, que pretende facilitar la libre competencia, dificulta evitar que este tipo de empresas accedan a contrataciones públicas. La paradójica relación entre la empresa deudora y el organismo gestor de la Seguridad Social es sólo la punta del iceberg. El grueso de los contratos de Mersant en la provincia está en las administraciones públicas. Locales –ayuntamientos de Cádiz y Chiclana–, autonómica –Servicio Andaluz de Salud (SAS)– o estatal, todas ellas tienen alguna relación con la compañía, considerada por los sindicatos como «pirata» por abaratar al máximo los precios e incumplir «con lo estipulado en en el Convenio Colectivo de Empresas de Seguridad». «Son las administraciones y entes públicos los que mantienen a este tipo de empresas de seguridad a las que conocemos como empresas pirata», explica Alvaro Montaño, responsable provincial de Seguridad Privada de CCOO.
Los sindicatos ya anticiparon hace un año que estos impagos se sucederían, cuando acusaron al Ayuntamiento de Cádiz de elaborar un pliego que «no cubría los mínimos salariales». Son varias las empresas del sector que trabajaban con administraciones públicas y han acabado en concurso de acreedores adeudando varias nóminas a los trabajadores. Mersant advierte de que está «atravesando un momento delicado» y espera «encauzar la situación en la mayor brevedad». Desde CCOO, más pesimistas, temen que «los responsables de Mersant Seguridad estén acumulando capital para, posiblemente, cerrar la empresa y entrar en concurso de acreedores. Ya hemos visto esta situación con otras empresas: pegan ‘el cerrojazo’, dejan a los trabajadores tirados, con unas deudas impresionantes, y fuerzan a los clientes a cambiar rápidamente de empresa de seguridad».
Fuentes de la Tesorería General de la Seguridad Social en Cádiz trasladan que el organismo está «realizando un seguimiento y exigencia exhaustivos del cumplimiento de las obligaciones de la empresa contratista con la Seguridad Social y con sus trabajadores». Tanto el Ayuntamiento de Cádiz como la Tesorería han asegurado en los últimos días que valoran posibilidades como retener los pagos pendientes «en caso de que sea necesario». Los contratos de ambas administraciones con la empresa acabarán antes del próximo verano.Pancarta en la entrada del Mercado de Abastos de Cádiz, este viernes.
Carta abierta a los presidentes y alcaldes El colectivo de vigilantes de seguridad del Ayuntamiento de Cádiz ha remitido esta semana una carta abierta a los presidentes del Gobierno, Junta y Diputación, así como al alcalde de Cádiz, para que las administraciones asuman un «compromiso firme» para que en sus concursos «no se hagan ofertas temerarias a la baja inviables o insostenibles». «El tiempo nos ha dado la razón y cuando hemos intentado eliminar esos pliegos no nos han hecho caso. Con ello facilitan que este tipo de empresas piratas o low cost se hagan con estos servicios de las administraciones públicas que deberían servir de ejemplo y transparencia; y como consecuencia tranquilidad y estabilidad para todos». «Los ciudadanos estamos ya hartos y pedimos soluciones, no es honrado ni honesto ahorrar contratando a empresas piratas que después no pagan los salarios a sus trabajadores, mientras su quienes ocasionaron el daño a las familias, disfrutan todos los meses de retribuciones que de tener vergüenza deberían de sonrojarles», concluye la carta.
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