El Juzgado de lo Social número 10 de Las Palmas ha acordado que la empresa de Seguridad Integral Canaria, encargada de parte de la vigilancia privada en Metro de Madrid, debe continuar con el pago de los atrasos a sus trabajadores, al considerar que la compañía no tiene riesgo de sufrir una "desestabilización económica" por motivo del abono de los salarios.
En su auto, fechado a 5 de diciembre y al que ha tenido acceso Europa Press, el juez Javier Ercilla García ha estimado el recurso de la Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada (FTSP-USO), que impugnaba un acuerdo alcanzado entre los sindicatos Intersindical Canaria, CCOO y Seguridad Integral Canaria para suspender y archivar provisionalmente el pago a los trabajadores "con el falso pretexto" de que podía desestabilizar el equilibrio económico en la empresa y la estabilidad de los trabajadores.
"Poca influencia puede tener esta ejecución en la desestabilización de la empresa, cuando la misma ya ha anunciado que su voluntad de cesar en la mayor parte de su actividad", argumenta el magistrado, que continúa añadiendo que "no se aprecia tampoco un peligro en las relaciones laborales ni en la buena marcha de la empresa". Los atrasos, según defiende FTSP-USO a través de un comunicado, están relacionados con las diferencias salariales producidas por el convenio de la empresa, ya anulado, con respecto al convenio colectivo del gremio que "se debía haber aplicado".
Se da la circunstancia de que en Madrid, vigilantes de Metro llevan realizando concentraciones para reclamar el pago de sus nóminas. De hecho, uno de ellos incluso ha iniciado una huelga de hambre. Metro también anunció que estaban estudiando la viabilidad jurídica para poder utilizar un aval de la empresa en el pago de los salarios.
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