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El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de un contrato centralizado para la prestación de servicios de seguridad y auxiliares de control en edificios de los ministerios de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; de Hacienda y Función Pública; de Educación, Cultura y Deporte; de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, y Justicia, por 67,8 millones de euros.
El contrato integra las prestaciones de vigilantes de seguridad, mantenimiento de instalaciones de seguridad y centrales receptoras de alarma, con el fin de conseguir un tratamiento unitario de los distintos servicios que coadyuvan a un nivel adecuado de seguridad en los edificios públicos. Asimismo, como servicios complementarios a los regulados en la normativa sectorial de seguridad privada, se incluyen los complementarios de auxiliares de control.
El contrato integra las prestaciones de vigilantes de seguridad, mantenimiento de instalaciones de seguridad y centrales receptoras de alarma, con el fin de conseguir un tratamiento unitario de los distintos servicios que coadyuvan a un nivel adecuado de seguridad en los edificios públicos. Asimismo, como servicios complementarios a los regulados en la normativa sectorial de seguridad privada, se incluyen los complementarios de auxiliares de control.
Además de los ministerios citados, se incluyen los organismos Comisionado para el Mercado de Tabacos; Parque Móvil del Estado; Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Educación y Cultura; Servicios para la Internacionalización de la Educación; Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte; Consejo Superior de Deportes; Mutualidad General Judicial; Confederación Hidrográfica del Tajo; Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado; Fondo Español de Garantía Agraria; Agencia de Información y Control Alimentarios; Parques Nacionales y Centro de Estudios Jurídicos y la Delegación del Gobierno en Madrid.
El nuevo contrato, que tiene por objeto dar continuidad a los servicios centralizados en la primera fase, que finaliza el 31 de julio de 2018, tiene un plazo de duración de dos años, con posibilidad de prórroga, y su valor estimado, para el período máximo de duración, es de 67.793.465,67 euros. El contrato se estructura en cuatro lotes, y las empresas no podrán licitar a más de dos lotes, para facilitar el acceso al contrato de un mayor número de operadores. Uno de los lotes tiene requerimientos inferiores en cuanto a la solvencia exigida, a fin de permitir la concurrencia de empresas con menor volumen de negocio.
Se hace un especial énfasis en los aspectos relativos a la calidad de la prestación, tanto en la definición técnica de los servicios requeridos, como en los criterios de valoración establecidos para la adjudicación, que incluyen, junto con el criterio económico, criterios técnicos relacionados con la prestación. Dado que se trata de servicios intensivos en personal, los pliegos de condiciones del contrato contienen cláusulas de contenido social, con el fin de favorecer el respeto hacia los derechos laborales básicos de los trabajadores a los que afecta el contrato. Este contrato será tramitado mediante licitación electrónica.
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