Contrata de forma provisional a Securitas y Prosegur hasta la adjudicación definitiva
El Gobierno de Canarias no prorrogará el contrato que mantiene con Seguridad Integral Canaria (SIC) para el servicio de vigilancia de los juzgados de la Comunidad Autónoma, del que se encargará a partir del 1 de enero las empresas Securitas y Prosegur. Así lo anunció ayer el director general de Relaciones con la Administración de la Justicia del Gobierno canario, Cesáreo Rodríguez, quien explicó que la contratación provisional de Securitas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y de Prosegur en la de Las Palmas se hace con el compromiso de que garanticen el cobro de los salarios de los actuales vigilantes de los juzgados.
El acuerdo con ambas empresas incluye la posibilidad de solicitar un adelanto del sueldo correspondiente a enero, informó la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. Las dos empresas se ocuparán de este servicio hasta que adjudique de forma definitiva el nuevo contrato de vigilancia, que ha salido a licitación por un plazo de dos años y un presupuesto de nueve millones de euros, y además podrá ser prorrogado por otros dos años y prohíbe la subcontratación parcial. El Gobierno recuerda que mantuvo un proceso de diálogo con Seguridad Integral ante las quejas recibidas por parte de los trabajadores por los retrasos reiterados en el pago de sus nóminas.
"El Ejecutivo de Canarias dejó claro desde el inicio de esta situación que la administración siempre ha cumplido sus obligaciones con la empresa y se mostró solidaria con las trabajadoras y los trabajadores afectados", señala la Consejería. La contratación que ahora se celebra de forma provisional, hasta que se produzca la adjudicación definitiva del servicio, forma parte de las actuaciones puesta en marcha por la Dirección General de Relaciones con la Justicia a favor de las personas afectadas, indica. En las cláusulas del nuevo contrato se garantiza la igualdad de condiciones al competir por la contratación, si bien busca dificultar la eventual adjudicación a empresas que incumplan las obligaciones que tienen frente a sus trabajadores, que han de establecer las condiciones del último convenio colectivo sectorial y territorial.
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