En el suburbano argumentan que han hecho "todo lo que se podía hacer"
Cuatro vigilantes del Metro de Madrid han presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 5 de la capital por el impago de sus nóminas de octubre y noviembre. En ella advierten que tal circunstancia «supone un grave peligro para los usuarios» de este medio de transporte público «dada la falta de concentración y crisis de ansiedad que produce una situación radicalmente injusta e ilegal».
De la misma culpan tanto a la adjudicataria de un tercio de este servicio, la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC), como a los miembros de la cúpula directiva del suburbano «a título de colaboradores necesarios». Según consta en el escrito, sus «máximos responsables» estaban «advertidos» de los problemas de cobro de toda la plantilla, compuesta por alrededor de 500 personas, antes de prorrogar «por periodos mensuales» la concesión a dicha compañía, caducada el pasado 31 de julio. En concreto, la denuncia se dirige contra Francisco Borja Carabante y Ana Blasco, consejero delegado y secretaria general de Metro. «No han tomado ninguna de las medidas que les franquea el ordenamiento en materia de contratación pública para impedir tan anómala e insostenible situación y conjurar el peligroque se cierne sobre un servicio público esencial como es el transporte», exponen.
Los vigilantes N. R., J. M. P., P. R. y J. J. G. argumentan en su escrito que sólo reciben de SIC «mentiras» respecto al pago de sus salarios «mientras contrata personal eventual, quien sí cobra sus pagas». Desde el 10 de noviembre la plantilla mantiene un paro indefinido en protesta por los problemas en el cobro de sus nóminas que, según los sindicatos convocantes (Ates y UIT), se remontan al inicio de la concesión hace cuatro años. «Conscientes de que el ejercicio del derecho de huelga en un servicio crítico como es la seguridad de Metro resulta impracticable dada la alta tasa de servicios mínimos (un 95%), y por responsabilidad ciudadana, debe esclarecerse si Metro de Madrid se encuentra al corriente de pagos», según reclaman los denunciantes. Entre tanto hacen constar que siguen trabajando sin percibir una remuneración que permita cubrir sus «necesidades básicas», «en un punto crítico, durante un estado de alerta [antiterrorista] 4 y con la campaña navideña por delante».
Según el escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 5, estos hechos podrían ser constitutivos de «un delito contra los derechos de los trabajadores por los salarios impagados y un delito de apropiación indebidapor las cantidades retenidas y no pagadas, en concepto de cuota obrera de la Seguridad Social e IRPF», contemplados en loas artículos 311.1, 318 y 252 del Código Penal. En Metro argumentan que ellos están «al corriente de pago» con SIC y que en el conflicto de los vigilantes han hecho «todo lo que se podía hacer:inspeccionar si cumplía con el servicio y, en caso contrario, sancionarla». Respecto a las prórrogas del contrato acordadas mientras se tramita el nuevo, justifican que la empresa no está inhabilitada para prestar servicios a la Administración Pública y que no abonar el sueldo a los trabajadores no es actualmente causa para la resolución del acuerdo.
Sí lo será en la siguiente adjudicación del servicio de vigilancia, que entrará en vigor antes del 31 de enero, porque, según las mismas fuentes del suburbano, así lo recogen los pliegos de condiciones del concurso. Aunque no se menciona explícitamente el impago de los sueldos, figura como motivo de rescisión el«incumplimiento reiterado» en tres ocasiones de la legislación vigenteen el sector «en materia tributaria, laboral o de seguridad social». Desde SIC, por su parte, señalan que están haciendo «todo lo posible en varios frentes por normalizar los abonos de los salarios» y que esperan encontrar «una solución en breve».
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