El sindicato USO advierte que «los 1.500 trabajadores han sido los más perjudicados ante la pasividad» de las autoridades. «Los trabajadores se han quedado en la miseria»
La decisión el viernes 23 de diciembre de Seguridad Integral Canaria de concurrir al concurso de acreedores, adelantada por ABC el pasado 17 de diciembre, habría generado que, desde el pasado fin de semana, empleados de la empresa se hayan establecido por su cuenta y, en parte, dejado sin cobertura espacios críticos de vigilancia familiar Este hecho habria afectado a un centro de refugiados político ubicado en la capital grancanaria. Los puntos de encuentro familiar son ámbitos neutrales que permite el intercambio de menores con sus padres en situaciones de conflicto familiar. Muchos de esos casos, vienen motivados por medidas cautelares con orden judicial de separaciones traumáticas para los niños. Y Navidad es un periodo muy sensible para los menores. Estos centros son competencia del Gobierno de Canarias que, al mismo tiempo, delega funciones en adminisraciones locales. El Cabildo de Gran Canaria espera rescindir los contratos con Seguridad Integral Canaria este 2017.
En la actualidad existen en Canarias dos puntos de encuentros, uno en Gran Canaria y uno en Tenerife. Lo que estaría ocurriendo es que, por la ausencia de salarios de la empresa de seguridad, algunos emleados habrían mermado la vigilancia presencial en Gran Canaria. Esto ha generado retrasos en los cambios de guardias y no presencia de vigilantes. La empresa ha pedido a un juzgado grancanario que intervenga en sus cuentas para evitar una presunta quiebra. El pasado fin de semana y el 25 de diciembre, que era festivo, se habrían detectado ausencias de vigilantes en los momentos en los que deberian incorporarse a su puesto de trabajo, según indicaron este martes a ABC diversas fuentes consultadas, ninguna sindical. Un vigilante explicó a ABC «se han generado retrasos y han hablado de ausencia de gente, pero yo estoy al tanto de lo mío». Navidad suele ser una fecha crítica en cuanto a los encuentros entre padres separados e hijos.
Los empleados estarían tomando esta medida porque interpretan que, al estar la empresa en un proceso concursal, sus salarios van a cobrarse con más retraso del que esperaban. Algunos llevan hasta dos meses sin cobrar. Y han optado por pasar estas fechas con sus familias. Hay vigilantes acudiendo a centros de repartos de alimentos al carecer de dinero para comprarlos.
Refugiados Como adelantó ABC en septiembre pasado el contrato de vigilancia y protección de centros de internamiento educativo para menores infractores de Canarias. En concreto, La Montañeta y Valle Tabares están en manos de Alcor Seguridad por un valor de algo más de seis millones de euros. En estos centros no se han generado problemas. En Gran Canaria, por ejemplo, la crisis presencial de seguridad habria afectado al Centro de Migraciones San Antonio, donde residen personas a la espera de obtener el asilo definitivo. Hay 27 personas de Venezuela, Rusia, Honduras, Gambia y Colombia. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Canarias es la entidad que tutela a estos demandantes de asilo. Las últimas cifras de Cear informan que hay 53 personas acogidas en Gran Canaria, mientras que otras 30 se encuentran a la espera de conseguir una plaza en alguno de los centros.
«Drama» El sindicato USO ha instado este martes al Gobierno de Canarias a que «no mire para otro lado» ante «el drama» que sufren los 1.500 empleados de Seguridad Integral Canaria que llevan «cuatro meses» sin cobrar y «rescate los contratos de vigilancia» que en su día adjudicó a la empresa. Este sindicato ha pedido al Gobierno canario y al resto de administraciones públicas que apuesten de manera «clara y contundente» y cuanto antes por esa medida, para poner fin al «calvario» de los empleados de Seguridad Integral Canaria y de sus familias, que en algunos casos «no tienen ya ni para comer».
1.500 empleados El secretario general de la Federación de Seguridad Privada de USO, Basilio Febles, ha tachado de «vergonzosa» la situación generada por la compañía desde que en agosto anunció que dejaba la mayoría de actividades y traspasaba sus contratos a otras empresas del sector, lo que ha devenido en «un proceso plagado de mentiras» donde «los trabajadores han sido los más perjudicados ante la pasividad» de las autoridades. Febles ha advertido que unos 1.500 empleados de Seguridad Integral Canaria en el archipiélago van acumulando impagos de salarios con unas consecuencias «gravísimas», porque, si bien algunos tienen familiares que les han socorrido, otros son los únicos que llevan ingresos a sus casas.
Guaguas Municipales y Justicia Desahucios, impagos y presiones de los bancos son algunos de los problemas que están sufriendo los empleados de SIC que llevan meses sin cobrar, ha enumerado Juan Díez, secretario general de la Federación de Seguridad Privada de USO en Canarias, que ha añadido que, además, hay quienes han llegado a «la auténtica miseria», quedándose sin dinero siquiera para pagar la guagua para acudir a su puesto laboral o para comprar comida. USO dice haber constatado de forma directa esos problemas, tanto a través de iniciativas que han puesto en marcha los empleados de Justicia o de las Guaguas Municipales que han hecho colectas para reunir fondos para los vigilantes destinados en sus lugares de trabajo como en su propia sede, a la que están acudiendo a pedir ayuda.
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