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El grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) ha registrado una proposición no de ley en la Cámara andaluza con medidas contra el intrusismo laboral en el sector de los guardas rurales.
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, Cs pide a la Junta que modifique la normativa autonómica actual, incluyendo como requisito indispensable para ejercer la gestión y seguridad en un coto de caza estar habilitado por el Ministerio del Interior. Asimismo, la formación que lidera Juan Marín en Andalucía reclama al Gobierno andaluz que dé un plazo de transitoriedad de cuatro años a los guardas de coto de caza para obtener la habilitación como guardas rurales. El guarda rural, figura creada a finales del siglo XIX, es el encargado de la vigilancia y protección de personas y bienes en fincas rústicas, así como en las instalaciones agrícolas, industriales o comerciales que se encuentren en ellas. El guarda rural atiende al régimen general establecido para los vigilantes de seguridad y, por ello, está regulado por el Ministerio del Interior.
En la exposición de motivos, Cs explica que el guarda de coto de caza, figura creada por la Junta de Andalucía cuando asumió las competencias en materia de caza, está destinado, entre otras funciones, a la vigilancia de los aprovechamientos cinegéticos, la colaboración en la ejecución y seguimiento de los planes técnicos de caza y el auxilio a la autoridad medioambiental, así como a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de la Comunidad Autónoma, en materia de prevención y extinción de incendios. A diferencia de los guardas rurales, la habilitación como guarda de coto de caza se obtiene tras la realización de un curso de apenas setenta y dos horas sobre las materias relacionadas con la actividad de los guardas de cotos de caza, e impartido por las entidades homologadas para ello por la Consejería de Medio Ambiente.
Esta similitud, a priori, de funciones, según apunta Cs, está llevando a la confusión y al intrusismo laboral. Hoy en día, y por cuestiones económicas, los guardas de coto están ejerciendo labores de vigilancia, cuando sus funciones se ciñen a una mera gestión ambiental. Y todo ello sin estar habilitados y sin las herramientas necesarias y exclusivas de los guardas rurales, como son medios de defensa, revisión de documentación, portar armas o capacidad de detención. Esta situación "irregular" ha sido puesta de manifiesto, no solo por la Asociación Nacional de Guardas Rurales sino por la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior y por la Real Federación de Caza Española, señala la formación naranja.
Un informe de la Secretaría General Técnica pone de relieve que los vigilantes de caza, de creación autonómica, deberán limitar sus actuaciones a los aspectos directamente relacionados con el ámbito que es objeto de la competencia autonómica --en este caso, el cinegético--, pero sin que supongan, en ningún caso, intromisión en las funciones expresamente reservadas en la legislación de seguridad pública o privada como complemento de aquella.
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