Cumplido el plazo del ultimátum y después de no regularizar las nóminas, el Gobierno socialista ha notificado a la adjudicataria, perteneciente al entorno empresarial de Miguel Ángel Ramírez, el inicio del procedimiento de resolución del contrato.
El plazo del ultimátum se ha acabado y la adjudicataria del servicio de vigilancia y seguridad de dependencias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no ha regularizado la nómina de los trabajadores atendiendo al convenio estatal del sector, de modo que el Gobierno que preside Emiliano García-Page ha iniciado ya los trámites para resolver el contrato. La Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por las sociedades Sinergias Vigilancia S.A y Cyrasa Seguridad S.L. se despide así de este contrato público, con el que se había hecho hace unos meses al presentar la mejor oferta económica, una posición que le confiere el contar con un polémico convenio propio con salarios y derechos por debajo del convenio estatal del sector, al cual los vigilantes habían estado sujetos hasta el pasado 30 de abril, soportando así gastos menores.
Así pues, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas ha iniciado el procedimiento de resolución de este contrato, en función del que esta UTE ‑una de cuyas empresas figura en el entorno del canario Miguel Ángel Ramírez, conocido como el 'capo' de la vigilancia privada‑ se ocupa del servicio de seguridad en los edificios de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Servicio de Salud regional en las provincias de Toledo, Ciudad Real y Guadalajara. Con esta decisión, dictada el pasado viernes por el consejero Juan Alfonso Ruiz Molina, se notifica a la adjudicataria el inicio del procedimiento de resolución del contrato, al haber aplicado su propio convenio de empresa a los trabajadores, lo cual les ocasiona una notable merma en sus retribuciones. Con esta resolución, desde el Ejecutivo regional se cumple con el compromiso adquirido con los trabajadores, manifestado públicamente y en sede parlamentaria por el consejero, de iniciar de forma inmediata el expediente de resolución del contrato una vez que se hubiera constatado que la adjudicataria no aplicaba el convenio colectivo estatal.
Una situación que desde hace semanas venían denunciando los propios trabajadores afectados, que se temían lo que finalmente se ha cumplido, que la empresa que les ha subrogado no les haya mantenido las condiciones laborales, con reducciones de más de 300 euros en la nómina. Por ello no dudaron en llevar sus protestas tanto a las Cortes regionales como a la sede de la Presidencia de Castilla-La Mancha. Temores que, ahora, al concluir el primer mes de ejecución del contrato, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas ha podido comprobar que eran fundados, al haberse producido una importante disminución de las retribuciones de los trabajadores respecto a lo establecido en el convenio estatal de las empresas de seguridad, que era el aplicable a los trabajadores adscritos al contrato.
Una vez notificada la resolución a la UTE y continuando con la comunicación que mantiene con los trabajadores, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha informado a los vigilantes de seguridad de los edificios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha en estas tres provincias del inicio del expediente de resolución, con el objetivo de que conozcan el estado de un procedimiento que les afecta de forma directa.
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