El Gobierno de Cifuentes no solicitó correctamente la autorización.
Durante 10 meses pagó indebidamente 120.000 euros a la empresa de seguridad por vigilantes desarmados, que deberían llevar arma por contrato. No se percataron hasta febrero de este año
Ni en los Juzgados Especiales de Violencia de Género, ni en el Registro Civil, ni en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ni en la Audiencia Provincial, ni en los juzgados de Plaza de Castilla, ni en los juzgados de Penales (en Julián Camarillo), ni siquiera en el Depósito de Efectos Judiciales. Ninguna de las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid han estado protegidas por vigilantes armados, a pesar de ser un requisito obligatorio, según el contrato de ‘vigilancia y seguridad de las sedes judiciales madrileñas’ de la Dirección General de Justicia de la Comunidad de Madrid.
Durante los últimos 16 meses – entre abril de 2016 y hasta el próximo 1 de agosto-,los guardas jurados van desarmados porque ni la Comunidad de Madrid, ni la empresa adjudicataria tramitaron adecuadamente los permisos para que estos vigilantes pudiesen llevar su arma reglamentaria. Según los documentos a los que ha tenido acceso la Cadena SER, la Consejería de Presidencia y Justicia comunicó en el mes de abril a la Delegación del Gobierno que una nueva empresa, la UTE Sasegur, había asumido el servicio de vigilancia y seguridad, y por tanto inciaban la autorización para que sus vigilantes pudiesen llevar armas. Aquí vino el primero error.
La Delegación del Gobierno, según han explicado a la SER desde esta institución, respondió a la Dirección General de Seguridad y Justicia que "esa solicitud no podía hacerse de forma genérica, sino juzgado por juzgado" - llegaron a aportarles resoluciones de otros años para que supiesen el formato que debían presentar-. La Comunidad de Madrid volvió a intentarlo. Lo hizo en el mes de junio, es decir, 6 meses después de que el contrato ya hubiese entrado en vigor. Y aquí llegó el segundo fallo. Según fuentes de la Delegación, a raíz de aquella solicitud comunicaron al Ejecutivo de Cifuentes que esa autorización debería hacerla la empresa adjudicatariay no ellos.
Pero todos se pasan la pelota. “Si tardamos varios meses en realizar esa solicitud fue porque la Delegación del Gobierno tardó dos meses en respondera la carta que les enviamos en abril”, advierte a la SER la actual Directora General de Justicia, Yolanda Ibarrola, que fue quien descubrió este problema en el mes de febrero (la anterior directora, Cristina Díaz fue cesada en enero de este año). Desde la Dirección General de Justicia creen que el error no ha sido de ellos, sino de “la empresa adjudicataria que no solicitó de forma oficial la autorizacióncomo estaba obligada por el contrato”, según Yolanda Ibarrola. Sin embargo, en otro documento al que ha tenido acceso la Cadena SER, fechado el 11 de mayo de 2017, la misma Dirección General reconoce que el problema de los permisos fue "por causas no imputables a la UTE Sasegur".
Desde esa compañía, Sasegur niegan a la SER tener algún tipo de responsabilidad en estos fallos. Defienden que nadie les comunicó hasta el 17 de marzo de este año, que tendrían que ser ellos quienes debían encargarse de toda la gestión ante la Delegación del Gobierno (aunque esa obligación figuraba en el artículo 3 del Pliego de Condiciones Técnicas del Contrato). La compañía asumió el encargo, solo 7 días después solicitaron la autorización para las 21 sedes judiciales, y ha sido ahora, cuando lo han conseguido (después de pagar las tasas).
Pagos indebidos por vigilantes desarmados El único problema no solo ha sido que durante meses los juzgados hayan estado con vigilantes desarmados. Ha habido más. El Gobierno de Cifuentes ha estado pagando mes tras mes por un equipo de vigilantes, que iban desarmados, cuando el contrato obligaba a que portasen un arma. Así lo reconocen tanto la Comunidad de Madrid, como la empresa, que admite que entre abril de 2016 y enero de 2017, la Consejería de Presidencia y Justicia ha abonado indebidamente 120.534,26 euros por un servicio de seguridad que no han prestado. Se trata del plus de peligrosidad que cobran los vigilantes que portan un arma, 26 de ellos cobraron al mes 140’70 euros y otros 81 guardas recibieron otros 18’84 euros mensuales.
La Dirección General de Justicia se percató de este problema en febrero. Es decir, tardaron 10 meses en darse cuenta de que estaban pagando por unos servicios que no estaban recibiendo. Sasegur insiste a la SER que en ningún momento ellos han sido responsables de estos pagos indebidos. "Es más, nosotros ya les comunicamos en varias ocasiones nuestra preocupación por el retraso en la autorización y la merma que eso nos podría ocasionar". Esta compañía - que presta unos 300 vigilantes a los juzgados madrileños- confirma que se ha llegado ya a un acuerdo con la Comunidad de Madrid para ir descontando lo que han cobrado de más - no se lo descontarán a los trabajadores que recibieron ese plus-. Actualmente se están instalando los armeros en las sedes judiciales y está previsto que el próximo 1 de agosto comiencen los servicios armados.
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