desde la Plataforma Social de la Seguridad Privada su portavoz Alberto García y su responsable jurídico José Luis Campillo han asegurado que no van a permitir que los vigilantes pierdan 300 euros al mes o vean eliminado su derecho a ser subrogados en sus puestos.
Cientos de vigilantes de seguridad se han concentrado hoy frente a la sede de la patronal en Madrid en demanda de un convenio colectivo justo que no suponga un retroceso en sus condiciones y reconozca su labor junto a los cuerpos de seguridad en infraestructuras críticas y en momentos de alerta como el actual.
Esta concentración ha contado con la asistencia de vigilantes de toda España y ha sido la principal de las convocadas en varias ciudades. "Seguridad privada en lucha, a más precariedad menos futuro. Empleo y convenio digno ya" resumía una de las pancartas durante la concentración convocada en Madrid por UGT, Comisiones Obreras y USO y la Plataforma Social de la Seguridad Privada, creada recientemente e integrada por los colectivos de trabajadores Alternativa Sindical, FSA-ATES, SPV, SPS y Federación Dignidad Obrera.
Lo han hecho en la puerta de la Asociación Profesional de Compañías de Servicios de Seguridad (Aproser), patronal de sector ubicada en la calle Marqués de Urquijo. Esta calle ha sido cortada parcialmente al tráfico debido a la concentración, que ha reunido a mil personas según los organizadores y a unas seiscientas según fuentes policiales. Se trata de la segunda movilización ante la sede principal de Aproser durante la negociación del convenio colectivo del sector, que afecta a unos 80.000 profesionales.
El secretario del Sindicato de Seguridad de UGT, Diego Giráldez, ha explicado que "no se puede seguir impasible hacia un convenio de retroceso" con "unas condiciones precarias". Ha subrayado que la seguridad privada "juega un papel fundamental en la seguridad pública", entre otras cosas "protegiendo instalaciones de alto riesgo que están siendo adjudicadas de forma precaria" en un momento de nivel 4 de alerta terrorista y justo esta semana colaborando en la seguridad del Orgullo Mundial.
Desde Comisiones Obreras Daniel Barragán ha asegurado que "la patronal quiere "rebajar todas las condiciones salariales y de derechos" y ha incidido en la necesidad de mejorarlas "porque las patronales ni cumplen el convenio". Txomin Marañón, de USO, ha criticado que la patronal "proponga una rebaja del 26 % en la negociación" y tras "seis años de retroceso". Ha incidido en que aproximadamente el 60 % de estos profesionales trabajan para la administración pública y controlan puntos sensibles como aeropuertos, estaciones o centrales nucleares.
En la misma línea, desde la Plataforma Social de la Seguridad Privada su portavoz Alberto García y su responsable jurídico José Luis Campillo han asegurado que no van a permitir que los vigilantes pierdan 300 euros al mes o vean eliminado su derecho a ser subrogados en sus puestos. Han detallado que la patronal quiere precarizar el sector "echando la culpa a empresas piratas, como las de Miguel Ángel Ramírez", quien firma "convenios leoninos", ha dicho, en referencia al dueño de Seguridad Integral Canaria, que tiene contratos con la Seguridad Social, Defensa y la Agencia Tributaria. Y para evitar esto están dispuestos a convocar una huelga si la negociación no avanza.
Sobre este conflicto, Aproser -que agrupa al 70% de las compañías del sector- ha explicado en un comunicado que la industria de la seguridad privada ha sufrido una disminución de la facturación de más de un 20 % desde el año 2009. Ha subrayado que en 2016 se pactó un incremento salarial del 2,48 % que ya se aplica, y ahora "las empresas han hecho un nuevo replanteamiento" con varias materias "capitales para garantizar la viabilidad futura del sector". "Aproser reitera su voluntad de mantener abierto el proceso de negociación con el fin de alcanzar a la mayor brevedad un acuerdo equilibrado", concluye el comunicado. EFE
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