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El próximo mes se cumple el primer aniversario de la Asociación Canaria Atlántica de Detectives, donde figura la mayoría de profesionales de las 40 agencias acreditadas en las Islas.
Los detectives privados están seriamente preocupados por el desarrollo de la Ley de Seguridad Privada del año 2014. Así lo aseguran dos representantes de la Asociación Canaria Atlántica de Detectives (ACAD), M.Z. y J.N.H, que se muestran "descontentos con la actual legislación", porque no se consideran "personal de seguridad privada en el sentido estricto". El próximo mes se cumplirá un año desde la creación de dicho colectivo, en el que figura la mayoría de los profesionales de las 40 agencias acreditadas en el Archipiélago. M.Z. y J.N.H. explican que son "profesionales liberales" y se les aplica "una normativa pensada para las empresas y vigilantes de seguridad".
El actual presidente de ACAD, M.Z., comenta: "La ley es, cada vez, más restrictiva y limitadora de los derechos de los detectives privados y de quienes nos contratan". "Se da la paradoja de que dicha ley nos limita mucho más que la de la época franquista", comenta. Uno de los aspectos normativos que más objeciones genera consiste en que cada investigación que inicien debe ser comunicada a la Policía Nacional, que es el cuerpo que tiene las competencias. "Desde el colectivo profesional consideramos que no se respeta ni la confidencialidad ni la intimidad, tanto del contratante como del investigado", dice. "Somos testigos cualificados y pensamos que nuestros informes y datos están destinados únicamente a nuestros clientes y para la resolución de conflictos judiciales", aclaran ambos.
Los portavoces de ACAD indican que se les equipara "a empresas de seguridad para sanciones y medidas de seguridad de despachos profesionales". Las sanciones muy graves incluyen multas de entre 30.001 y 600.000 euros, que ACAD cree que deben ser pensadas para empresas de seguridad. Dichas sanciones están previstas para desacuerdos administrativos entre los entes públicos y el colectivo profesional. Tampoco les agrada que se utilicen conceptos jurídicos indeterminados, como, por ejemplo, que "el contratante debe tener interés legítimo en una investigación" para contratar a un detective. "Esto deja al arbitrio de la administración el concepto de interés legítimo", según ACAD. M.Z. y J.N.H. comentan que, con la actual legislación, se produce un "endurecimiento y un encarecimiento de las condiciones de trabajo". Expresan que "sentimos indefensión y por ello hacemos actuaciones a nivel nacional, en colaboración con otras asociaciones y colegios profesionales". Este colectivo está pendiente de que se apruebe el reglamento de Seguridad Privada, "que nos afecta", y "reclamamos más implicación y sensibilidad de los poderes públicos hacia nuestra profesión y la función social que se realiza". Actualmente mantienen contactos con diputados del Congreso para la promulgación de un estatuto profesional con rango de ley que nos diferencie de la regulación de las empresas de seguridad. Los objetivos de ACAD son la defensa de los intereses de los profesionales que la integran y la lucha contra el intrusismo.
En ese aspecto, M.Z. y J.N.H. recomiendan a cualquier ciudadano que requiera los servicios de un detective que solicite a la persona con la que contacte que muestre su Tarjeta de Identidad Profesional (TIP), un documento por el que el Ministerio del Interior habilita a los que están acreditados. M.Z. indica que tienen conocimiento de que "en Canarias hay personas que, sin preparación ni habilitación, se ofrecen para realizar investigaciones, con el consiguiente riesgo de estafa". Comentan que "los detectives privados son los únicos profesionales incluidos en la Ley de Seguridad Privada con formación universitaria". Durante tres cursos, los alumnos afrontan asignaturas de Derecho, Criminología, Medicina Legal, Psicología, prácticas policiales o Grafología, entre otras. Señalan que en la carrera reciben conocimientos también de Seguridad, Psicología o Informática, "lo que nos confiere una perspectiva multidisciplinar". Sus actividades aparecen reguladas en la Ley 5/2014 de Seguridad Privada y se centran en los ámbitos personal, familiar, laboral y empresarial, entre otros.
La labor del colectivo consiste en investigar, obtener pruebas y ratificar sus informes ante los juzgados y tribunales, "lo que nos convierte en colaboradores de la Administración de Justicia y defensores del cumplimiento de la ley". M.Z. y J.N.H. coinciden en que muchos jueces agradecen la aportación de los detectives. Su campo de investigación va desde los fraudes a buscar desaparecidos.
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