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Tras quedarse sin comprador, la mercantil pierde a sus mayores clientes (Telefónica, Navantia, Endesa y Repsol), que se suman a Adif, Aena o Acciona, y queda abocada a la desaparición
La que llegara a ser tercera empresa de seguridad del país por facturación, Segur Ibérica, parece afrontar sus últimos días en el mercado. Tras entrar en proceso de liquidación en el marco del concurso declarado ante el Juzgado Mercantil número 3 de Madrid el pasado 22 de diciembre, los clientes de la compañía mostraron su preocupación por la situación de insolvencia y su temor por la posibilidad de quedarse sin servicios de seguridad de un día para otro. Los directivos y administradores concursales, conformados por personal de PricewaterhouseCoopers, para apaciguar los ánimos, trasladaron a estos clientes la idea de que el problema estaba en vías de ser solucionado.
En concreto, les transmitieron que había una sociedad holandesa —I Sec International Security— interesada en adquirir las unidades productivas del grupo y que esto iba a suponer una inyección de liquidez y la previsible reflotación de la compañía. La promesa tranquilizó temporalmente a los clientes. Sin embargo, hace apenas dos semanas, todo dio un nuevo vuelco. La multinacional descartó que fuera a adquirir finalmente participaciones de Segur Ibérica y el nerviosismo volvió a reinar entre las mercantiles que tenían contratados sus servicios.
Por este motivo, los dos principales clientes de Segur Ibérica movieron ficha y ya han dicho adiós a la compañía. Telefónica, que tenía dos centenares de vigilantes contratados más varias decenas de personal auxiliar, ha puesto fin a su relación comercial con la mercantil y ha contratado los servicios de Prosegur, principal grupo del sector con una facturación de 896 millones de euros en 2015. En la misma línea, Navantia —con 140 vigilantes— también ha abandonado a Segur Ibérica en beneficio de Prosegur. En proceso de adjudicación a otras empresas de seguridad —entre ellas, Eulen o Securitas— se encuentran también en estos momentos Endesa y Repsol, que hasta ahora —como Telefónica y Navantina— también confiaban la vigilancia de sus sedes a Segur Ibérica. Los cuatro clientes representaban el clavo ardiendo al que aún se agarraba la compañía en liquidación para mantener vivas sus esperanzas de resurgir de las cenizas.
Otros antiguos clientes de la mercantil que presidió Pedro Morenésantes de ser ministro también dijeron adiós a la compañía antes de Telefónica y Navantia. En concreto, desde finales de 2016 —cuando se puso en marcha el proceso concursal—, Adif (con un contrato de 12 millones de euros), Aena (de 11,3 millones), Acciona (cinco millones), el Museo del Prado (cuatro), la Mutua Madrileña (2,1), la Universidad de A Coruña (1,2), EDP España (1,2), Viesgo (1,2), ENCE (822.000 euros), Lidl (593.000), Cellnex (500.000) o Media Markt (360.000), entre otros, terminaron su relación comercial con la empresa de seguridad.
La Federación de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (USO) critica hoy con dureza "la falta de transparencia por parte del administrador concursal hacia los trabajadores" y achaca la "ausencia de liquidez actual para hacer frente a liquidaciones, indemnizaciones y previsibles dificultades a la falta de diligencia" de PwC. "Siendo consciente de la situación crítica, PwC dificultaba la rescisión de contratos a los clientes que querían cambiar de empresa y con ello estabilizar la situación laboral de los vigilantes", censuran desde USO, donde añaden que la consultora "ponía trabas" a los clientes "con el fin de presentar a Segur Ibérica como una empresa rentable y con la mayor cartera de clientes posible".
La firma presentó un expediente de regulación de empleo (ERE) el pasado noviembre que en principio —según alegó el propio grupo— no iba a afectar a toda la plantilla (4.000 empleados) sino a un reducido número de trabajadores, extremo que quedó en evidencia al decretarse el proceso de liquidación, y lo está aún más ahora con la deriva que está tomando la marca. El 22 de diciembre, se declaró el concurso.
La mayoría de los vigilantes, según entienden desde USO, pasará a subrogarse a las compañías que se hagan con el servicio, con lo que mantendrían sus puestos. "Correrán peor suerte los trabajadores de estructura, sin servicio asignado o que no cumplan los requisitos de subrogación, para los cuales el despido se llevará a cabo en un corto periodo de tiempo", vaticinan desde USO, agrupación que explica que actualmente Segur Ibérica cuenta con 200 vigilantes sin destino, además de decenas de trabajadores de oficina y directivos que previsiblemente tendrían que entrar en el ERE. La crisis de Segur Ibérica ha tenido lugar en un contexto complejo para el sector. El incremento de las denominadas 'empresas pirata' —que consiguen contratos presentando ofertas muy baratas a costa de reducir los salarios de los trabajadores por debajo de convenio, práctica fomentada por la reforma laboral— ha afectado al resto de compañías, algunas de las cuales han sucumbido y acabado funcionando igual. Entre estas últimas está Segur Ibérica, que durante los últimos años ha optado por tirar los precios para conseguir algunos contratos.
La principal patronal del sector, Aproser, paradójicamente en línea con los sindicatos, ha criticado duramente la reforma laboral que permitía este tipo de prácticas a base de bajar el sueldo hasta cantidades ridículas. De hecho, ha exigido que todos sus asociados paguen por encima de convenio si quieren seguir vinculados a la asociación, requisito que no quiso abrazar Segur Ibérica, que decidió abandonar la patronal.
Tanto la presión ejercida por Aproser como la de algunas organizaciones como la Unión Sindical Obrera (USO) contra las empresas pirata parecen estar empezando a ser escuchadas por las administraciones públicas, que son las principales adjudicatarias de servicios de seguridad privada. Al menos por algunas. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha revisado los baremos de adjudicación decontratos de seguridad de sus edificios después de que decenas de vigilantes se pusieran en huelga por la concesión de los servicios de la Consejería de Presidencia y Justicia a la mercantil pirata Sinergias, que nada más hacerse con la adjudicación bajó el sueldo a los empleados que subrogó un 40%.
La reforma de los criterios emprendida por esta pequeña parte del sector público implica reducir el peso del factor precio en la adjudicación para que las empresas que se descuelgan del convenio tengan menos posibilidades de ganar el concurso e incrementar el de la oferta técnica, más centrada en la prestación de un servicio profesional. En esta línea, de hecho, Prosegur, por ejemplo, ganó recientemente el concurso del Museo del Prado. La mercantil contaba precisamente con el mejor informe técnico, episodio que hace pensar en la existencia de un cambio real de sensibilidad por parte de algunos contratistas públicos. En este cambio de tendencia en la contratación también ha influido la lucha en los tribunales que la Federación de Seguridad Privada de USO ha emprendido contra empresas pirata como Seguridad Integral Canaria, Falcon, Magasegur, Protección y Seguridad Galaica, LPM Seguridad o la ya extinta Esabe, que, además de tirar los precios, según el sindicato, han defraudado a la Seguridad Social más de 80 millones de euros, como ha reconocido la propia Agencia Tributaria en los diferentes procesos judiciales que se siguen contra estas mercantiles.
Segur Ibérica es parte del Grupo Segur, que en 2015 facturó 237,95 millones de euros, un 5,7% más que en el año anterior. Sin embargo, desde que anunció el ERE, la mercantil ha reducido considerablemente sus ingresos. En concreto, desde noviembre, ha perdido contratos que le suponían rentas superiores a los 40 millones de euros, sin contar los últimos de Telefónica y Navantia, que engrosan la cifra considerablemente. Para más inri, Segur Ibérica aparece en la lista de morosos publicada por la Agencia Tributaria el pasado viernes, donde consta que adeuda 11,9 millones de euros a Hacienda al cierre de 2016. Es la primera vez que el Grupo Segur entra en este registro, en el que también se encuentran Seguridad Integral Canaria —propiedad del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez—, que debe 2,96 millones de euros, y Seguriber —controlada por la empresaria Mónica Oriol—, que adeuda 2,14 millones.
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