El 28 de junio, el sector se manifestará en contra de la precarización de las condiciones laborales y un modelo de sector basado, exclusivamente, en la competencia sobre precios
La seguridad privada en España se enfrenta a un momento crucial para la mejora de las condiciones laborales y sociales del sector, y en este objetivo será determinante el resultado de la negociación colectiva.
En la negociación del convenio del sector de seguridad privada se dirimen dos modelos radicalmente distintos: aquel que entiende que la mejora del contexto económico debe repercutir positivamente en las condiciones del colectivo de profesionales que integran el sector; o aquel otro que ve en los posibles recortes de derechos a este mismo colectivo –los trabajadores y las trabajadoras– una oportunidad para mantener un modelo empresarial que arruina al sector y precariza las condiciones de trabajo, y todo ello a pesar de una evidencia contrastada: que este último modelo arruina, también, a las propias empresas de seguridad.
Los clientes de las empresas de seguridad privada, por su parte, no ocultan cierta satisfacción al comprobar que patronales y empresas, paralizadas por el miedo y sin perspectivas ni proyecto de futuro, no encuentran el modo de poner en valor el coste del servicio que los profesionales de la seguridad aportamos a esos clientes. En realidad, es un exiguo beneficio basado, exclusivamente, en un criterio economicista que tiene su reverso: el deterioro progresivo de la calidad en los servicios de seguridad prestados; un deterioro que es directamente proporcional a la precarización de las condiciones laborales de los profesionales de la seguridad.
Ante esta situación, los trabajadores y trabajadoras del sector deben reaccionar, deben responder con contundencia. Por ello, el próximo día 28 de junio, se Federación de Servicios, Movilidad y el Consumo de UGT han convocado distintas movilizaciones y concentraciones en todo el territorio nacional, a las que están llamadas todas las centrales sindicales, plataformas y agentes del sector. Siendo la concentración de Castilla la Mancha en Toledo en las puertas de la Conserjería de Hacienda y Administraciones Publicas, también como protesta a la contratación de la JCCM de empresas de bajo coste, que ni tan siquiera aplican el Convenio Sectorial.
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