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Una empresa del director autonómico de Administración Local presta servicios de seguridad al edificio comercial Nevada
La empresa de seguridad privada del director general de Administración Local de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Fernández Ortega, presta actualmente sus servicios al Centro Comercial Nevada. Se trata de la misma gran superficie a la que el Gobierno andaluz debe indemnizar con 166 millones de euros por una sentencia histórica que pone de manifiesto el extraño comportamiento de la Junta con respecto a la concesión de licencias y paralización de las obras, proceso en el que pudo influir el citado alto cargo socialista.
Juan Manuel Fernández Ortega es diplomado en Magisterio. Después de varias legislaturas como concejal del PSOE en Chauchina (Granada), su pueblo, accede en 1999 a la Alcaldía. Más tarde, es nombrado asesor del partido en la Diputación de Granada y en 2008 es elegido senador, cargo que ostenta hasta 2015, cuando pasa a ser director general de Administración Local, dependiente de la Consejería de Presidencia.
Fue durante su estancia en el Senado cuando Fernández Ortega constituyó sus tres empresas, todas con idéntico domicilio social: Servucción Seguridad, Servucción Auxiliares (en 2012) y Servucción Soluciones, fundada en 2014 y que actualmente está en fase de liquidación. La primera de estas tres es la que ha sido contratada por Central de Galerías Comerciales, sociedad del magnate Tomás Olivo, implicado en su día en el «caso Malaya». Presta servicios de seguridad en el Centro Comercial Nevada.
Éste no sería el primer escándalo que protagoniza Fernández Ortega. Ya como director en la Junta, relevó al jefe de servicio de Cooperación Económica de su Dirección por haberse negado a «favorecer» a varios ayuntamientos de Granada. El PP solicitó la comparecencia del funcionario despedido, pero PSOE y Ciudadanos bloquearon su declaración en el Parlamento para evitar dar explicaciones de su gestión.
El clan de Armilla El auge de Fernández Ortega y su creciente poder dentro del PSOE -donde ha ocupado múltiples cargos, incluso ha formado parte del comité federal del partido- no fue exclusivo de su persona. Aunque en una segunda fila, su carrera corría paralela a la de una serie de personas clave en el «caso Nevada» y en un momento dulce para los socialistas del área metropolitana de Granada, que ganaban influencia orgánica al tiempo que el PSOE se desangraba en la capital.
Con sus 20.000 habitantes, Armilla era uno de los municipios insignia en ese tablero de ajedrez en el que se fraguó el conocido como «clan de Armilla», un grupo de poder dentro del PSOE que llegó a controlar el Ayuntamiento del citado municipio, la Diputación -que dependía en buena medida de los votos de Armilla- y tuvo gran peso en la Junta de Andalucía. Es precisamente en esos años de esplendor cuando se produce la cadena de «errores» que han derivado en la sentencia millonaria.
Fernández Ortega estuvo siempre cerca de ese círculo. Cuando era vicesecretario general del partido en la provincia entró en la ejecutiva regional del PSOE, a cuyo comité director también se incorporó el alcalde de Armilla, Gerardo Sánchez. El secretario general en aquel momento era el actual presidente del Puerto de Motril, Álvarez de la Chica, quien maniobró para colocar a Teresa Jiménez -la actual secretaria general- como delegada de la Junta en Granada. De la Chica, Fernández Ortega y Teresa Jiménez consiguieron acceder al comité federal del PSOE.
Cadena de «errores»
Todas estas personas, cada cual desde su sitio, podían influir en la toma de decisiones sobre el Centro Comercial Nevada, un proyecto apoyado desde un primer momento por la Junta de Andalucía. La Administración dio su visto bueno a la norma urbanística que aprobó el Ayuntamiento de Armilla, imprescindible para ejecutar el primer convenio con la empresa de Tomás Olivo. El Consistorio ingresó por este proceso 901.518,12 euros.
Los problemas comenzaron en 2005, un año después de que el Ayuntamiento aprobara en pleno un segundo convenio con Galerías Comerciales por otros 1,5 millones de euros, a sabiendas de que la Delegación Provincial de Obras Públicas había emitido meses antes un informe en el que observaba incumplimientos legales. Obras Públicas volvió a instar al Consistorio a que modificara el convenio aprobado, pero en ningún momento hizo valer su deber. La Junta de Andalucía no recurrió la omisión del Ayuntamiento. La Administración autonómica dejó que se agotaran los plazos legales para hacerlo, como le reprochó en 2014 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que también acusó a la Junta de dar «cobertura» a las bases de la «ilegalidad» en una sentencia. Pero lo que motivó la indemnización millonaria a la que deberá hacer frente la Junta fue la licencia de obras, aprobada en la junta de gobierno local y de nuevo desestimada por la Delegación de Obras Públicas, que paralizó los trabajos de edificación fuera de plazo.
Por esta anomalía, la Justicia ha dado la razón al centro comercial, que reclamaba más de 500 millones en concepto de lucro cesante por el perjuicio que supuso tener las obras paralizadas durante ocho años. El TSJA elevó la indemnización de 157 a 166 millones después de que la Junta reclamara la sentencia en primera instancia. Curiosamente, el letrado de la administración no acudió a la vista, a pesar de lo cual la Junta insiste en queva a seguir reclamando porque «no se indemniza a quien comete un delito».
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