A finales del 2016, tras meses formándose, diferentes alumnos no pueden optar a ser vigilantes por tener antecedentes, carecer de estudios mínimos o no llegar a la altura mínima.
Durante 2015 comenzaron a impartirse cursos para obtener los certificados de profesionalidad para seguridad privada. Esa medida suponía que el alumno podía acceder por esa vía a un título oficial que les habilita para trabajar como vigilante de seguridad, protección de personas (escolta) o vigilante de explosivos. Y esa titulación, que se imparte en varios centros en Tenerife, se convalida ante la Policía Nacional. Canarias y Valencia, por ejemplo, son de las comunidades autónomas donde más personas optan a este tipo de formación en seguridad privada.
Pero se han dado casos en que, por circunstancias diversas, algunos alumnos enviados por el Servicio Canario de Empleo culminaron su proceso de formación, pero no pudieron obtener acceder a la Tarjeta de Identidad Profesional (TIP). Según fuentes consultadas por este periódico, los motivos fueron que tenían antecedentes penales, carecían de los estudios mínimos exigidos o, sencillamente, que no llegaban a la altura mínima (1,70 metros para los hombres y 1,65 para las mujeres).
Una persona señaló que "es una pena que la administración autonómica, a través del Servicio Canario de Empleo (SCE), se esté gastando un dinero en formar a personas que se encuentran en paro y que tienen la esperanza de poder hallar un trabajo, sin comprobar o requerirles que cumplan los requisitos de la actual normativa de seguridad privada". La portavoz de un centro de formación en el que se imparten dichos cursos aclara que cada uno de ellos tiene 330 horas, lo que supone que el alumno se forme durante dos meses y medio o tres meses, dependiendo del número de sesiones diarias que asista a clase.
Para esta representante de una empresa de formación, este tipo de situaciones curiosas pueden darse, por ejemplo, porque la "gente miente" a la hora de aportar información, aunque reconoce que también puede producirse "un desconocimiento" de su situación personal, en el caso de antecedentes, por ejemplo.Esta directiva de un centro comenta que "nosotros no podemos exigir o tener acceso a determinada información" sobre los alumnos.
En cualquier caso, señala que sí pudo existir un problema de comunicación y falta de un protocolo de actuación entre el Servicio Canario de Empleo y el Ministerio del Interior a la hora de poder seleccionar a aquellos desempleados a los que sí les resulte válido desarrollar estos cursos de capacitación profesional. Y otro de los problemas a los que se enfrentan varios centros formativos se produce a la hora de que los estudiantes realicen prácticas en seguridad privada.
La legislación exige que, antes de obtener la titulación, deben realizar un mínimo de 40 horas de prácticas en una empresa y acompañados por un vigilante contratado por la misma. Sin embargo, según la citada directiva del centro formativo, existen algunas sociedades que se muestran reacias a facilitar las prácticas a sus alumnos, porque temen que, si se produce alguna Inspección de Trabajo, acaben sancionadas. La portavoz de dicho centro de formación señala que "existe un vacío legal" y algunos empresarios no tienen claro que puedan propiciar dicha parte final de la formación de futuros vigilantes. Aunque EL DÍA intentó conocer la versión del Servicio Canario de Empleo sobre este asunto, no tuvo éxito.
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