La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas ha iniciado hoy el procedimiento de resolución del contrato suscrito con la adjudicataria del servicio de vigilancia y seguridad en los edificios de la Junta, después de que ésta no haya regularizado el salario a los trabajadores.
A través de esta resolución, dictada por el consejero del departamento, Juan Alfonso Ruiz Molina, se notifica a la adjudicataria -la Unión Temporal de Empresas (UTE) Sinergias de Vigilancia y Seguridad, S.A. y Cyrasa Seguridad S.L- el inicio del procedimiento. La decisión obedece a que la adjudicataria ha aplicado su propio convenio de empresa a los trabajadores y no el estatal de seguridad, lo que ocasiona a los trabajadores "una notable merma de sus retribuciones", ha informado la Junta en nota de prensa. Con esta resolución, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas cumple el compromiso adquirido con los trabajadores, que manifestó en sede parlamentaria Ruiz Molina, de iniciar "de forma inmediata" el expediente de resolución del contrato.
El Gobierno regional ha tomado la decisión tras constatar que, en el primer mes de ejecución del contrato se ha producido "una importante" disminución de las retribuciones de los trabajadores respecto a lo establecido en el convenio colectivo estatal. Una vez notificada la resolución a la UTE, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha informado de su decisión a los vigilantes de seguridad de los edificios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) en las provincias de Toledo, Ciudad Real y Guadalajara. En el último mes, los trabajadores de vigilancia se han manifestado semanalmente para protestar sobre su situación, la última vez, ayer a las puertas de las Cortes de Castilla-La Mancha, donde se celebraba sesión plenaria.
Por su parte, los sindicatos CCOO, UGT y USO han explicado en un comunicado conjunto que los vigilantes de seguridad de las provincias de Toledo, Ciudad Real y Guadalajara irán a la huelga indefinida a partir del 3 de julio si el Gobierno regional no rescinde el contrato antes de ese día. Es la decisión que ha tomado la asamblea de trabajadores, celebrada el miércoles, tras comprobar la rebaja "sustancial" de sus condiciones de trabajo y salarios, que se traduce en una merma de alrededor de 400 euros mensuales, aumento de la jornada y "degradación generalizada" de sus derechos.
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