El área de Sanidad de la Subdelegación del Gobierno, responsable de almacenar la droga en el búnker, se niega a conservar los fardos con la excusa de que no hay contratado suficiente personal de seguridad.
El Ministerio del Interior almacena miles de kilos de droga en la Jefatura Superior de Policía de Sevilla, sede que en 2008 sufrió un robo de 154 kilos de heroína y cocaína incautada a los narcos. La paradoja es que tras esa sustracción en el corazón de la policía en Andalucía, Interior construyó un búnker que ya lleva tres años abierto pero apenas contiene alijos. El área de Sanidad de la Subdelegación del Gobierno, responsable de almacenar la droga en el búnker, se niega a conservar los fardos con la excusa de que no hay contratado suficiente personal de seguridad.
Dado que el principal depósito para alijos de drogas de la región que es puerta de entrada tradicional del hachís a Europa está inutilizado, la policía y la Guardia Civil almacenan en sus instalaciones las sustancias hasta su destrucción, una situación denunciada de manera insistente por ambos Cuerpos ante la Comisión de Policía Judicial de la capital andaluza. Las toneladas de droga almacenada fluctúan, ya que cada semana hay nuevas aprehensiones mientras que los fardos se destruyen en cementeras y un horno crematorio. La dejación del área de Sanidad implica el riesgo de un nuevo robo en una región donde bandas criminales han quitado 1.700 kilos de droga a las autoridades en Sevilla, Huelva, Málaga y Cádiz durante los últimos ocho años.
“Les construyen un búnker con sistema de retardo de apertura, control de humedad, donde la máquina sabe que el sábado no puede abrirse (…) Sanidad se debe encargar del análisis, el almacenamiento, la custodia y la destrucción, pero se incumple la ley y aquí no pasa nada”, denuncian fuentes policiales. Las Fuerzas de Seguridad interceptaron 378.702 kilos de hachís durante el año pasado y 298.734 de ellos en Andalucía (el 78%), a los que hay que sumar 1.869 kilos de cocaína, según datos del CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado). El búnker de Sevilla está pensado para aglutinar la droga incautada la capital andaluza pero también la requisada en Huelva, Córdoba y Jaén.
Hay un dato que revela la dimensión del problema: de las últimas 32 sesiones de la comisión de Policía Judicial (que reúne a policía, Guardia Civil, Audiencia Provincial, Subdelegación del Gobierno y fiscalía), la destrucción de drogas se ha tratado en 16 de ellas. Es decir, el tema vuelve y vuelve a debatirse como una gota malaya sin solución. El presidente de dicha comisión y de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez, censura: “Es un tema recurrente que se plantea una o dos veces al año. Estaba en vías de solución, pero convocaremos al mando de Sanidad para que nos explique por qué no se destruye con la celeridad necesaria”. El responsable de Sanidad, Salvador Rivera, ya ha declarado ante la comisión en tres ocasiones pero ahora ha rechazado opinar sobre el bloqueo para este diario. Mientras, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ve la solución muy cerca a pesar de los tres años transcurridos desde que el almacén se inauguró: “Estamos a punto de solucionarlo. Pedimos un último informe a Seguridad Privada porque antes de abrir [el búnker] tenemos que garantizarnos todas las medidas de seguridad”, arguye.
El robo de 154 kilos de cocaína y heroína en los calabozos de la Jefatura Superior de Sevilla en 2008 fue obra de un agente díscolo, detenido y condenado a 17 años de cárcel, pero las desastrosas condiciones de seguridad sirvieron de alfombra roja. ¿Ha mejorado desde entonces la seguridad? “Totalmente”, responde el comisario jefe de la Brigada de la Policía Judicial, Enrique Jiménez. La Jefatura de Policía de Sevilla está estos días pendiente del nombramiento de un nuevo jefe superior por parte del ministro, Juan Ignacio Zoido, después de la jubilación del anterior, Francisco Perea.
El problema del almacenaje de la droga antes de su destrucción en hornos no es exclusivo de Andalucía. Galicia, una de las mayores puertas de entrada de la cocaína (3.769 kilos incautados en 2015, el 17% del total), carece de un depósito judicial donde almacenar la droga intervenida, según denuncian fuentes policiales. "Es un problema serio. Hasta hace unos años se custodiaba en la comisaría de Lonzas (A Coruña) pero debido a una circular cerraron el depósito. Actualmente, cuando se interviene droga, la custodia el jefe de grupo en su despacho y si es una cantidad grande en una furgoneta precintada en la Jefatura Superior de Policía de Galicia", subrayan dichas fuentes.
En paralelo al problema del almacenaje, un factor que retrasa la destrucción es que los jueces posponen la quema de droga para garantizar los contraanálisis que piden las defensas durante la instrucción. “No hay cultura destructiva en los jueces. Cuando entra la droga el juez le da una importancia secundaria y administrativa respecto a la investigación. Es una cultura que hay que cambiar”, apunta Álvarez sobre sus compañeros jueces de instrucción. Este cambio de mentalidad ya no es tan determinante gracias a que el último cambio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal otorgó a las Fuerzas de Seguridad la potestad para destruir la droga transcurrido un mes, a menos que el juez se opusiera con una resolución motivada.
Al riesgo potencial que soporta la policía por guardar la droga, la Guardia Civil le añade la alerta sanitaria que genera guardar en las comandancias, donde viven familias, cientos de plantas de marihuana incautadas en invernaderos. Son plantas húmedas que acarrean larvas y cuya quema debería ser inmediata, pero los jueces la retrasan una vez y otra. Por si fuera poco, el cultivo de la marihuana –y por tanto las incautaciones- se multiplica cada año porque “es el futuro de este negocio”, según coinciden fuentes policiales, ya que supone un riesgo de condenas de cárcel leves y se evita la negociación con terceros narcotraficantes habituales suministradores, marroquíes o colombianos.
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