Porteros, en el limbo legal

Matones con antecedentes, exmilitares de Europa del Este y grupos organizados custodian locales de copas ante el vacío legal. La Consejería reconoce que en la Región no hay un solo controlador de accesos acreditado. Un 90% de las discotecas, pubs y prostíbulos tienen personal no cualificado en la puerta. El sector se ahorra 1.000 euros al mes de media al no recurrir a empresas de seguridad

Cuando querían ponerse 'bufados' como un toro Miura, los chavales que acudían a su gimnasio solo tenían que pedirle anabolizantes al propietario. Este vecino de Los Alcázares fue detenido en 2007 por la Guardia Civil por hacer negocio supuestamente con este tipo de sustancias prohibidas, pero sus antecedentes policiales no impidieron que, años después, se buscase la vida como portero en locales de copas de Los Alcázares y Los Narejos. Es solo un ejemplo práctico del limbo legal en el que se encuentran las puertas de los 800 pubs y discotecas de la Región, en las que a día de hoy puede trabajar cualquier persona sin acreditación profesional ni formación alguna, incluso con antecedentes, pese a que lo prohibe la Ley de Acceso en Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.

No es de extrañar que algunos porteros de locales de La Manga o Cartagena presuman en su currículo hasta de haber servido en milicias de Europa del Este. «Cada verano hay denuncias de clientes que sufren agresiones, porque no les dejan pasar o por no facilitarles la hoja de reclamaciones», detalla un policía local de San Javier con muchos kilómetros de patrullaje nocturno. «Cuando hay una tangana se marchan del local para no ser identificados». La Benemérita, el pasado verano, registró cuatro denuncias contra porteros de La Manga por presuntos delitos de lesiones. Tres de los denunciantes sufrieron policontusiones y a otro le rompieron la nariz. También hubo dos denuncias similares en los puestos de Cieza y Mula.

La Consejería de Presidencia reconoce que no puede sancionar a los locales que emplean a personal no cualificado o con historial delictivo porque nunca llegó a ejecutar la orden del 19 de mayo de 2011 que contemplaba la citada ley. Dicha orden establecía las bases de las pruebas para obtener el carné de controlador de acceso, pero en cinco largos años no se ha celebrado examen alguno: «No se convocaron las pruebas. Por tanto, ese carné profesional no ha llegado a expedirse y, por tanto, no se puede sancionar a quien no lo porte», admite un portavoz de ese departamento.

El puñetazo que el portero búlgaro Hristo propinó a Andrés Martínez no solo mandó a la UCI a este joven de Alcantarilla, de 28 años. También sacó a la luz la relajación legislativa del Gobierno regional en esta materia. De 2011 a 2016 ninguno de los inquilinos de la Consejería -María Pedro Reverte, Manuel Campos, José Gabriel Ruiz y María Dolores Pagán- han sido capaces de desarrollar la norma ni de convocar pruebas. No obstante, la Consejería defiende que en estos años han recibido denuncias relacionadas con la Ley de Acceso a Espectáculos Públicos y se han saldado con 29 expedientes sancionadores. De todos ellos, siete lo fueron por «el ejercicio abusivo» de las funciones de los porteros o controladores. Los excesos se cometieron en establecimientos de Murcia (4), Cartagena (1), San Javier (1) y Mazarrón (1) y las multas oscilaron de 800 a 1.000 euros. También hubo cuatro sanciones por el ejercicio arbitrario del derecho de admisión, es decir, por cortarle la juerga al cliente con excusas peregrinas como llevar deportivos. Salas de fiesta de Murcia (2), San Javier (1) y Lorca (1) tuvieron que rascarse el bolsillo y abonar 800 euros.

«Actúan como perros de caza» Más allá de estos expedientes, el limbo legal que ahora mismo se vive en la puerta de los locales de copas está favoreciendo la economía sumergida. Entre enero y diciembre, la Inspección de Trabajo ha desarrollado 1.505 inspecciones de control de empleo en establecimientos hosteleros y ha detectado irregularidades en 465 de ellos: trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo, perceptores de prestaciones de la Seguridad Social incompatibles con un empleo... No dar de alta en la Seguridad Social a la persona que controla los accesos puede suponer una 'dolorosa' de hasta 10.000 euros. La presidenta de la Asociación de Empresas de Seguridad de la Región (Aresmur), Encarna Ortiz, denuncia que este vacío normativo favorece la actividad de grupos organizados que ofrecen personal de seguridad para discotecas, pubs y prostíbulos. «Hay un submundo en los controladores de accesos. Se trata de gente de gimnasio, que entrena para actuar como perros de caza».

En el territorio regional operan sesenta empresas de instalación de sistemas de seguridad y vigilancia privada. El coste medio de dos vigilantes de seguridad en la puerta de un establecimiento, ocho horas diarias de jueves a domingo, asciende a 3.500 euros mensuales para un empresario de la noche. Al contrario, 'contratar' dos matones con estas organizaciones ilícitas, según Aresmur, implica un coste medio de 2.000 euros. «Son grupos de africanos y de Europa del Este, que le hacen un papel al hostelero pero no velan por la seguridad del ciudadano». La patronal sostiene que actúan en zonas de ocio del extrarradio de los municipios y en polígonos industriales con escasa presencia policial. La mitad de la jornada no están dados de alta en la Seguridad Social y cobran parte del salario en 'b'.

Ortiz recuerda a los empresarios que el encarecimiento que le supone contratar los servicios de seguridad de una empresa legal es directamente proporcional al ahorro en 'marrones' judiciales, ya que un vigilante, en caso de lío, tiene más atribuciones que un controlador de accesos. «Pueden inmovilizar al cliente y solicitar que se identifique con el DNI hasta la llegada de las fuerzas del orden y cada vez que un vigilante actúa tiene que hacer un parte para la Policía Nacional». No visten ropa de calle, llevan uniforme, tarjeta de identificación profesional (TIP) y van equipados con grilletes y defensa.

Poli de día, segurata de noche «Un portero solo puede pedir las entradas a la clientela, regular la cola y no permitir el acceso si está lleno el aforo, si el cliente se encuentra bajo los efectos de las drogas o muy bebido, si tiene un historial conflictivo en el local o lleva en la ropa logotipos racistas, xenófobos...». Bajo ningún concepto un portero o un controlador puede ponerle la mano encima al cliente, porque puede haber consecuencias legales graves para el trabajador y el empresario.

Sin embargo, el 90% de las discotecas, pubs, cafeterías, salas de fiesta y prostíbulos de la Región optan por poner en la puerta a personal sin cualificación profesional. Solo un 10% apuesta por vigilantes con 180 horas de formación reglada por el Ministerio del Interior, que han pasado una evaluación psicológica, pruebas teóricas y físicas y que además están respaldados por los medios que aporta la empresa. «Al margen del personal instalamos un circuito de videocámaras en el local y diseñamos un plan de seguridad y de evacuación analizando ubicación, aforo, historial de incidentes...».

La Asociación Profesional de Porteros de Discoteca de la Región también se muestra critica con el Gobierno regional por no haber aplicado en estos años la legislación. «Puede haber mucha gente en la puerta de locales con antecedentes penales», alerta Fernando Lobo, presidente de este colectivo. «El sector está descontrolado y la Comunidad Autónoma está dejando que haya intrusismo al aprobar una ley y no cumplirla». El gremio de los porteros también sufre la competencia de otros profesionales, como policías y militares que buscan en la noche un sueldo extra. En Los Narejos, hace un año, estaba empleado en una disco playera un policía nacional, y en el mítico ZM de La Manga había un exmilitar, ahora guardia civil en activo. Este cuenta desde el anonimato que durante una temporada completó así su sueldo, jugándosela en la arena: «Una vez me tuve que pelear con un cliente para quitarle una navaja; nos revolcamos por toda la playa».