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La Fiscalía propuso, tras el robo del 'Códice' en 2011, un protocolo para proteger el patrimonio eclesiástico gallego que aún no se ha desarrollado
Cuando desapareció el Códice Calixtino del archivo de la catedral de Santiago saltaron todas las alarmas: ¿Estaba el patrimonio religioso, que constituye en torno al 80% de los bienes artísticos existentes en Galicia, lo suficientemente protegido? No solo las piezas únicas, como el manuscrito medieval, que compartía alojamiento con otras de valor incalculable, como el Tumbo A, sino el disperso por las casi 3.900 parroquias de Galicia, con un número de inmuebles de carácter religioso que duplica esa cifra. Las sustracciones, incluso de campanas de las torres de los templos, no son noticias aisladas. Solo en el primer semestre de 2011, antes de que desapareciese el Códice, la Guardia Civil informaba de ocho robos en varias iglesias gallegas.
Al desaparecer el Códice, la Fiscalía Superior de Galicia decidió que era hora de hacer algo para proteger los bienes culturales en manos del estamento eclesiástico. El 27 de julio de 2011, apenas veinte días después de que el entonces deán de la catedral denunciase públicamente la desaparición del manuscrito del siglo XII, el fiscal Carlos Varela lanzaba su propuesta, instando a unir fuerzas con Xunta, Arzobispado de Santiago y las Fuerzas de Seguridad para elaborar un protocolo, Igrexa Segura, encaminado a reforzar la protección del patrimonio religioso.
A solo dos meses de que se cumplan tres años del robo del Códice y mientras el autor confeso de la sustracción espera aún el juicio, dicho protocolo sigue aparcado en los cajones de las diócesis. Solo el obispado de Astorga -que gestiona el menor número de parroquias de la comunidad, apenas unas 250- manifestó su adhesión a un documento de partida en el que el fiscal proponía inventariar todo el patrimonio de la comunidad y sugería, en colaboración con las Fuerzas de Seguridad, una serie de medidas para minimizar la exposición a los riesgos, sobre todo en las iglesias del rural.
La Fiscalía aludía no solo medidas de seguridad como alarmas o vigilantes, sino otras basadas en la organización, desde la restricción de acceso a los inmuebles, al control de llaves. Además, recomendaba aprovechar el espíritu de voluntariado para inventariar los bienes, una propuesta que, según la Fiscalía, había recibido entonces el beneplácito del Arzobispado. Desde entonces, no ha habido movimientos visibles de las partes implicadas, aunque el conselleiro de Cultura, Jesús Vázquez, aseguró que su departamento le dio "el visto bueno inicial" al documento, realizó alguna "aportación" y espera que se les vuelva a convocar cuando se considere "conveniente" para "apoyar las medidas que se estimen convenientes en cuanto a seguridad y a la perfecta conversación del patrimonio". Sobre si esto se traduciría en partidas monetarias, señaló que habría que "estudiarlo", pero recordó que "no puede recaer solo en la Administración la responsabilidad económica".
La inspiración, en Portugal Las iglesias son atractivas para los ladrones, explicaba en marzo el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela: "guardan objetos más que apetecibles en el mercado negro y son espacios de puertas abiertas con escasos mecanismos de seguridad". A su juicio, la solución está en Igrexa Segura-Cultura Aberta, un protocolo de actuación promovido por el Instituto Superior de Policía Judicial y Ciencias Criminales de Lisboa en colaboración con diversas instituciones estatales y de la sociedad civil, que "se ha convertido en un punto de referencia" para abordar esta cuestión. Este procotolo incluiría componentes de seguridad como alarmas y los "derivados de una buena organización" que se traducen en cinco puntos de "especial trascendencia": inventario, base de datos de objetos sustraídos, control de llaves, vigilancia y control de acceso a bienes.
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