Las medidas de seguridad en edificios públicos disminuyen hasta un 50% por los recortes

Centros médicos, comisarías, sedes institucionales y monumentos son los más afectados, según las empresas del sector y los sindicatos de policía

El atentado anarquista en la Basílica del Pilar o el caso del pistolero de París son dos incidentes recientes que han despertado de nuevo la sensación de vulnerabilidad de los lugares de acceso público. Estos sucesos coinciden, no obstante, en un momento en que las medidas de seguridad están experimentando unos recortes considerables debido a la crisis y con menores presupuestos institucionales para estas partidas, según coinciden empresarios y sindicatos del sector.

“La Generalitat y los ayuntamientos han reducido drásticamente, hasta un 50%, y en algunos casos más, las partidas destinadas a la seguridad, sobre todo en los dos últimos años”, alerta a LaVanguardia.com Josep Mulero, representante de la Associació d'Empreses de Seguretat (ACAES), que aglutina el 80% del sector en Catalunya. Una situación similar viven los empresarios del resto de España que aseguran que “los recortes en materia de seguridad privada son un hecho y afectan muy negativamente al sector”, afirman fuentes de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER), que agrupa a las grandes empresas españolas que representan a cerca del 80% del volumen de negocio del sector. Y es que todas las fuentes consultadas coinciden en asegurar que desde 2008 han entrado en una “tendencia decreciente, que tiende a mantenerse en el corto plazo” y que les ha llevado a cerrar 2012 con menos de 3.000 millones de euros, una facturación similar a la realizada en el ejercicio 2004. En el caso catalán, el departamento d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, ha reconocido a este medio que los recortes han afectado a la partida de seguridad, aunque no han concretado cifras. 

Además, como sucede en otros sectores como en el farmacéutico, las empresas de seguridad también sufren importantes retrasos en los cobros y aseguran tener “facturas pendientes de la Generalitat de hace más de dos años y atrasos de pagos de los ayuntamientos”, revela Mulero. Todo ello, explican desde APROSER, repercute en los trabajadores porque con la demora en la atención de las facturaciones y la dificultad de acceso a la financiación “se hace muy difícil atender mensualmente los compromisos de pago a empleados y proveedores, y tomar medidas en defensa de un sector clave”.

Vigilantes sin títulos adecuados El descenso de las contrataciones y el volumen de negocio van acompañados, según explican empresarios y sindicatos, de un empeoramiento de los servicios de seguridad contratados. Así, según APROSER se está dando una tendencia por parte de las administraciones a contratar “priorizando el precio sobre la calidad del servicio”, algo que lleva, en ocasiones, a “un incumplimiento por parte de algunas empresas adjudicatarias de las normativas mínimas aplicables”, alertan.

Jesús Martínez, secretario de acción sindical de la federación de servicios privados de CCOO, también cree que el servicio prestado está empeorando. El representante sindical apunta que se utilizan vigilantes que no tienen la titulación adecuada y que para poder mantener unos mínimos, prescinden de agentes y “tiran” de seguridad privada pasiva, como pueden ser las cámaras de vigilancia a pesar de que asegura que los estudios advierten que estos sistemas funcionan “relativamente” y que la seguridad física, la presencial, es la más efectiva. Esta tendencia provoca que “hoy sobren vigilantes de seguridad mientras que en 2009 faltaban”, explica. Así, los datos de CCOO, cuya sección sindical acaba de organizar unas jornadas sobre los efectos de la crisis en la seguridad privada, indican que la contratación en este sector ha bajado un 20% en cuatro años.

Falta de mantenimiento Las consecuencias de los recortes son tan preocupantes que, según explica Mulero, han llevado incluso a “eliminar” presupuestos dedicados al “mantenimiento preventivo”. “Se reparan los sistemas de seguridad cuando se estropean pero no se realiza el mantenimiento para detectar problemas, con lo que puede darse la situación de que no se sepa que una alarma no funciona”, detalla el representante de los empresarios catalanes. Mulero explica que la Generalitat “tiene sistemas, como el de detección de incendios, estropeados en centros oficiales y residencias de abuelos y no dispone de partidas para repararlos”.

Y aunque según la federación de empresarios españoles hay administraciones que siguen considerando la seguridad como un servicio fundamental “otras sí han reducido el mantenimiento preventivo de elementos de seguridad, con todas las consecuencias que esto podría conllevar”. Estas prácticas añaden más riesgo a la seguridad de los edificios porque “los fallos en el sistema pueden ser utilizados fácilmente por los delincuentes”, puntualiza el representante de los empresarios catalanes.

Edificios oficiales menos vigilados 

Mulero también explica que “hay edificios públicos o conselleries que, por falta de presupuesto, han tenido que aplicar recortes en su seguridad” y sentencia que “en algunos casos, hay edificios que pueden estar en riesgo”. La sede del Institut Català de la Salut (ICS) es una de las instituciones afectadas. El organismo reconoce que han “recortado el personal de seguridad prescindiendo del turno de la mañana” pero que ha sido sustituido por “ordenanzas que realizan trabajos de información”, explican.

Los empresarios catalanes de seguridad también alertan que se ha prescindido de personal en los Centros de Atención Primaria (CAP). “Hay una empresa de seguridad que está en concurso de acreedores porque después de ser contratada para ello, la Generalitat ha decidido eliminar la vigilancia”, explica Mulero. En este sentido, el ICS argumenta que se ha mantenido la vigilancia “en los CAP más grandes o en los que están en zonas conflictivas”. El Institut Català de la Salut apunta que aunque “ha disminuido el presupuesto en seguridad de los CAP y hospitales”, se ha pasado a “racionalizar” estos servicios, que hay seguridad “donde toca” y que se ha puesto en marcha “un convenio con los Mossos d’Esquadra para incrementarla dentro de los centros y asesorar al personal para evitar situaciones de violencia”.

Más policía en comisarías y menos en la calle Precisamente, los Mossos d’Esquadra es otra de las instituciones afectadas por los recortes en seguridad. Hace seis meses que, como medida de ahorro, se decidió eliminar la seguridad privada que custodiaba las comisarías y ahora son agentes del cuerpo policial los que se encargan de ello”, explica Toni Castejón, del Sindicat Mossos SME CCOO, antes de añadir que “para poder colocar estos agentes en las puertas de la comisaría hay que sacarlos de otra parte, algo que disminuye el número de efectivos en la calle y, por tanto, afecta a la seguridad ciudadana”.

El representante sindical destaca que el descenso de personal es preocupante recordando que “hace tres años que no sale ninguna promoción y estamos en déficit total de efectivos”. Así, según Castejón, la situación es tal que en edificios a los que antes se destinaban 10 agentes para su protección, ahora se asignan cinco. Para este agente, el máximo ejemplo que el cuerpo sufre una carencia de personal es que ha aparecido la figura del somatén “porque no tenemos suficientes efectivos para hacer prevención”.

José María Benito, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP) coincide con su colega y afirma que se está produciendo “un importante recorte que va a tener consecuencias”. Según el SUP, los recortes afectan a la seguridad del patrimonio y de todos los espacios públicos, como puertos o aeropuertos. Benito, igual que su homólogo catalán, recuerda que pierden “2.500 efectivos cada año” y que a pesar de que tienen más trabajo porque “la crisis hace que se cometan más delitos”, cada vez trabajan con menos medios.

FUENTE: lavanguardia.com AQUÍ