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Se conocía que la magistrada Mercedes Alaya había abierto una investigación en octubre, que continúa bajo secreto. Solo faltaba saber cuándo daría el primer paso de relevancia. Ha sido este jueves: unos 50 agentes han participado durante cerca de diez horas en el registro de la sede regional de UGT. Los guardias debían incautarse de "los expedientes relacionados con cursos de formación para los que UGT Andalucía, bien directamente o a través de empresas vinculadas, haya percibido subvenciones públicas", según figura en una de las órdenes de registro dictadas por Alaya. Además de llevarse cajas con documentación, los guardias han hecho copias de "los ordenadores y servidores", según ha reconocido el secretario general en funciones del sindicato en Andalucía, Manuel Ferrer. No hubo detención alguna.
La operación —denominada Cirene— ha arrancado cuando una decena de agentes han cortado la calle para impedir que nadie entrara en la sede regional, que se reparte entre dos edificios enfrentados. Todos aquellos que no pertenecían al sindicato han sido desalojados. Los empleados han podido seguir dentro, pero se les ha pedido que apunten su nombre, clave de acceso al ordenador y teléfono de contacto. Cuando los agentes han llegado, el único miembro de la directiva que estaba en el sindicato era José Carlos Mestre, secretario de Institucional. A él le han entregado la orden de registro dictada por la magistrada. Ya por la tarde, ha llegado Ferrer, quien ha dicho que espera que la investigación judicial aporte "luz y claridad" a este escándalo que, entre otras consecuencias, ha provocado la reciente dimisión del máximo responsable del sindicato en Andalucía, Francisco Fernández Sevilla. Ferrer ha admitido que se han podido cometer "errores" en la contabilidad, pero ha negado que algún compañero suyo "haya cometido algún fraude ni que se haya enriquecido".
La investigación judicial no es la única que el sindicato tiene abierta. La Junta de Andalucía también está analizando algunas de las ayudas y subvenciones que ha recibido UGT en los últimos años. A principios de mes, el Gobierno regional planteó la nulidad de dos ayudas, por importe de 1,8 millones, en las que se encontraron irregularidades. Además, la Administración andaluza analiza otros 17 expedientes —por valor de 7,5 millones— en busca de más gastos indebidos. La sede central no fue el único lugar que se ha registrado este jueves. Los agentes han acudido a tres sociedades vinculadas a UGT, también en Sevilla: Soralpe, Proyectos Inmobiliarios Novasur y Geosur Arquitectura y Urbanismo. La primera es propiedad de UGT y, entre otros asuntos, se hace cargo de las nóminas de algunos de los empleados del sindicato. Como presidente figura en el Registro Mercantil Federico Fresneda, exmiembro de la ejecutiva de UGT. Fernández Sevilla, líder de la central en Andalucía hasta hace unos días, es consejero. Esta sociedad, según fuentes conocedoras del funcionamiento del sindicato, también gestionaba la logística para los cursos de formación. Soralpe es propietaria, a su vez, de Novasur, otra de las empresas registradas. En este caso, Fernández Sevilla figura como presidente y Fresneda como vicepresidente.
Por último, los agentes han registrado la empresa Geosur, participada al 70% por el sindicato UGT. El otro 30% es del abogado y alcalde socialista de Sevilla entre 1983 y 1991 Manuel del Valle. El exregidor ha asegurado que los agentes solo se han llevado documentación sobre dos concursos para construir VPO a los que concurrió UGT en 2006. Uno fue en Sevilla y lo ganó la Confederación de Empresarios de Andalucía. Esta promoción, que está inconclusa, está siendo investigada a su vez por otro juzgado. La otra fue en Jerez (Cádiz). UGT logró hacerse con el proyecto, pero nunca se construyó. Del Valle ha asegurado que él únicamente se limitó asesorar al sindicato en los concursos.
Archivos informáticos borrados El secretario general en funciones de UGT en Andalucía, Manuel Ferrer, se ha referido este jueves a los 1.756 archivos informáticos que fueron borrados de la sede regional de su central. Lo ha hecho tras acudir al registro que estaba llevando a cabo la Guardia Civil por orden de la magistrada Mercedes Alaya. Ferrer ha querido aclarar que la desaparición de los 1.756 archivos informáticos fue en un ordenador concreto. “No de un servidor”, ha añadido Ferrer.
Estas palabras del actual responsable del sindicato se entienden cuando se lee la orden de registro dictada por Alaya. La instructora pide a los agentes que intervengan las “copias de seguridad” o “backups” de los servidores del sindicato. “Así como la copia correspondiente a los días anteriores a la publicación por parte de los responsables de UGT de Andalucía del borrado de archivos”, en referencia a cuando la dirección del sindicato hizo público el 3 de diciembre que se habían eliminado esos 1.756 ficheros. Ferrer ha insistido en que los archivos se eliminaron de “un ordenador” concreto. “Fue un borrado con seguridad”, ha añadido este responsable sindical, para quien esos archivos son “irrecuperables”. Ferrer no supo aclarar la naturaleza de estos ficheros. “No sabemos si tienen trascendencia contable”, ha añadido. Además de las copias de discos duros, los agentes también han copiado el contenido del servidor informático del sindicato, un proceso que se prevé que se concluya a lo largo del viernes. En la orden de registro, Alaya autoriza a la Guardia Civil a visionar “cuantos mensajes, correos electrónicos y en definitiva comunicaciones privadas se localicen para identificar aquellas que pudieran estar relacionadas con los hechos investigados”.
FUENTE: elpais.com AQUÍ
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