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Los detectives privados llevan años aportando informes económicos y de solvencia por el impago de pensiones de los maltratadores a sus víctimas
El caso ocurrido este fin de semana en Torrelaguna «ha vuelto a poner en entredicho el cumplimiento de este tipo de medidas judiciales». Así lo manifiesta la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE). Añade que «desde hace años, jueces y asociaciones coinciden en lo importante y necesaria que sería la colaboración de los detectives privados para combatir esta lacra social».
«Sin embargo, ningún partido político da un paso al frente. Desde la APDPE llevamos años proponiendo poder intervenir en el control de los casos donde exista orden de alejamiento», añade. Según Eva Grueso, presidenta de la APDPE, «acreditar el quebrantamiento de la orden de alejamiento permitiría modificar las medidas de protección de la víctima, incluyendo la prisión preventiva del agresor, que se cometieran nuevas agresiones y se evitarían nuevos costes para el Estado como la pulsera electrónica o nuevas denuncias».
Los detectives privados llevan años aportando informes económicos y de solvencia por el impago de pensiones de los maltratadores a sus víctimas: «Un muchas ocasiones, el maltratador es autónomo o empresario y alega escasez de ingresos. Tras nuestra investigación descubrimos que tiene un coche de gama alta, un apartamento en la playa o que come y cena en restaurantes de alto nivel. Es lo que se llama presunción de ingresos en base a signos externos de riqueza». «Si se cuenta con nuestros informes, más mujeres se atreverían a denunciar pues algunas no lo hacen ante la incertidumbre que albergan de poderse quedar sin recursos económicos», asegura Eva Grueso.
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