El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha defendido hoy que la seguridad pública se verá "beneficiada" y "reforzada aún más si cabe" con la futura Ley de Seguridad Privada, cuyos servicios serán siempre "complementarios y subordinados" a los de las fuerzas de seguridad del Estado. Durante la inauguración de una jornada de trabajo sobre alarmas en la que participan hoy unos 150 representantes de empresas de seguridad privada y de centrales de estos dispositivos, Cosidó se ha referido a la Ley de Seguridad Privada, aprobada en el Congreso y que ahora tendrá que pasar el trámite del Senado.
Según Cosidó, el proyecto se enmarca en la mejora y potenciación del sistema de seguridad actualmente vigente, con el objetivo de sumar algunos servicios de las empresas privadas, que "serán previamente comunicados a la seguridad pública y, en su caso, autorizados por la Policía Nacional". "La ley supone un avance", ha continuado el director de la Policía para quien el modelo de colaboración público-privada que establece la futura norma es "un ejemplo a seguir" por las legislaciones de otros estados de la UE y de Iberoamérica.
Un ejemplo de esta colaboración "inteligente" ya existente entre las fuerzas de seguridad públicas y las empresas privadas de seguridad es la gestión de las alarmas, en la que la Policía Nacional trabaja con estas compañías. En declaraciones a los periodistas y tras ser preguntado por las críticas de la oposición que advierten de esta ley abre la puerta a la privatización de la seguridad, Cosidó ha sido tajante: "Nunca se ha pensado en una sustitución de seguridad pública por seguridad privada. Se están hablando bajo un principio de colaboración".
En esta línea, ha sostenido que los vigilantes privados colaboran ya de forma muy activa para que las fuerzas de seguridad desarrollen mejor su trabajo y ha defendido que la norma fijará elementos más eficaces de supervisión de las empresas privadas, un control del que es competente la Policía. Tampoco esta ley, ha dicho Cosidó, responde a una demanda de la seguridad ciudadana, pues los datos muestran "una clara mejora" con cifras descendentes de los delitos e infracciones penales que al término de este año podrían estar en torno una disminución del 4 por ciento en lo que se refiere a las competencias de la Policía. "En absoluto esta ley responde a una demanda ciudadana de seguridad. Todo lo contrario pero nuestra obligación es que, bajo esos principios de subordinación y colaboración, trabajar para tener una seguridad aún mejor", ha concluido.
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