La dimisión el viernes de Francisco Fernández Sevilla como secretario general de UGT-A ha bajado la presión, pero queda una larga estela de presuntas irregularidades contables. El que fuera máximo responsable del sindicato no es ajeno a lo que estaba ocurriendo. Llegó a la Secretaría General el pasado mes de mayo, pero desde 2005 fue uno de los hombres fuertes de Manuel Pastrana.
En el VIII Congreso que se celebró en Sevilla cogió las riendas de la Secretaría de Organización, relevando a Araceli Cabañas. Desde ese puesto se encargó de articular la intendencia de manifestaciones que acabaron con cargo a la Junta o de pergeñar los detalles de congresos regionales como el de 2009, un insondable pozo de irregularidades. La avalancha de pruebas documentales sobre la ingeniería contable para endosar al Ejecutivo autonómico gastos de funcionamiento interno como comidas o regalos ha acabado descabezando a la dirección regional. UGT-A dio además órdenes para modificar facturas, cobrar rápels de imposible justificación o generar botes que contribuyeron a una posible financiación irregular. Lo publicado hasta ahora puede ser sólo la punta del iceberg. Es la presunta financiación irregular la mata principal de un caso en manos de la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya.
Un claro ejemplo de este posible desvío de fondos es el endoso a la Junta, en 2008, de más de 80.0000 euros en agendas «de lujo». La empresa encargada de suministrar el pedido, Cordoban, con sede en Torrejón de Ardoz (Madrid), pagó al sindicato un rápel –descuento por llegar a un tope de compra– de 1.800 euros vía talón bancario, según acredita la documentación en poder de LA RAZÓN. 2008 fue el año del estallido de la crisis económica, iniciándose una subida acelerada y encadenada del paro hasta llegar al 36 por ciento actual en Andalucía.
El proveedor presentó dos facturas casi gemelas: igual numeración (942/08), idéntica fecha (17-12-2008) e igual cuantía (80.721,78 euros IVA incluido). Sin embargo, como en otros casos, cambia el concepto. Una de las facturas hace referencia a 8.701 libros de mesa, 4.618 libros de bolsillo y una «ampliación» de otros 220 libros de mesa. En otra, la que finalmente se presenta a la Junta, el cargo se realiza a «material de difusión de la Secretaría de Organización», «material de difusión de la Secretaría de Migraciones» y «material de difusión de la Secretaría de Medio Ambiente, Proyecto información y sensibilización en materia de aguas». No obstante, el albarán especifica que se trata de «agendas semana lujo» y «agendas de bolsillo». El albarán tiene números de referencia coincidentes con la factura no modificada: códigos 415 y 416, que aluden al modelo de las agendas. Este albarán está dirigido al secretario de Administración del sindicato Federico Fresneda. La empresa Cordoban, en su página web, destaca la exclusividad de sus productos de piel, que luce incluso algún miembro del actual Consejo de Ministros.
El controvertido proceso contable no queda aquí. El departamento de Administración de Cordoban envió a la sede regional del sindicato un escrito adjuntando un talón del Banco Popular por importe de 1.800,71 euros, «correspondiente al pago de nuestro rápel, CR-120/08». El escrito está fechado el 8 de enero de 2009 en Torrejón de Ardoz y tiene sello de entrada en UGT-A un día más tarde. El número de referencia efectivamente coincide con una factura de rápel también consultada por este periódico, con fecha 17-12-2008 (la misma que la de la factura de los 80.721,78 euros en agendas de lujo), con lo que el cruce de documentos encaja al milímetro. El cobro de rápels ha sido un mecanismo habitual de UGT con sus proveedores. Este periódico ha informado de rápels con empresas como Lienzo Gráfico, Concepto 19 Comunicación e Imagen o la empresa de construcción Onieva, en las obras de reforma del antiguo Hospital de San Fernando de Córdoba, donde UGT construyó su sede sindical de la Unión Provincial y un centro de formación con parte de dos ayudas de 2,4 millones de la Junta. El cobro de rápels no es ilegal en una relación comercial privada. Pero en este caso UGT no paga con su dinero sino con subvenciones finalistas de la Junta. Ese rápel sólo sería legal si volviera a las arcas de la Junta, pero como evidencia este caso lo cobraba directamente el sindicato.
No son además las únicas agendas que UGT cargó a programas finalistas de la Junta de Andalucía. LA RAZÓN avanzó que la federación de educación también endosó en 2009 a la Administración 15.000 agendas que costaron 21.250 euros para repartirlas entre los docentes afiliados. La Junta validó la factura porque aparecían acciones del programa de Formación Profesional Ocupacional Forman XXI. Un correo de UGT al proveedor instaba a borrar huellas: «El mismo concepto en las dos facturas y que sólo aparezca esto, nada de lo que se ha hecho».
No hay comentarios:
Publicar un comentario