Renfe suspendió un total de 22 circulaciones del corredor Madrid-Zaragoza-Barcelona entre las 6.00 y las 11.00 horas de este lunes 8 de agosto, tras la incidencia registrada entre Figueres Vilafant (Girona) y l'Arboç (Tarragona), según la información ofrecida por la compañía; de hecho, Cataluña registra gran parte de los robos de cableado en España y este último ha sido el segundo acto vandálico en menos de tres meses. Este caso se ha saldado con la detención del presunto autor, ya que los Mossos d'Esquadra lo han localizado por las inmediaciones tras recibir el aviso del robo; "Ha sido bastante in fraganti", aseguran fuentes de la policía catalana.
Así se vigilan desde el terreno los 3.410 kilómetros que conforman la red de alta velocidad para evitar actos vandálicos y detectar huecos por los que puedan colarse animales o intrusos, así como daños en la infraestructura que puedan poner en riesgo la seguridad de los viajeros. Adif, propietaria de la mayoría de vías férreas y material ferroviario del país, contrata mediante licitación empresas de seguridad privada para proteger las vías de posibles robos; son ellas las que han respondido a las cuestiones de este diario para elaborar este artículo tras no recibir respuesta de la empresa pública. Las que se encargan actualmente de la seguridad privada tanto de estaciones como de vías son Securitas, Prosegur, Eulen y Protección y Seguridad Técnica. En total, destina 174.214.663,47 euros a sendos contratos, según el presupuesto de la última licitación.
Una pareja de vigilantes de seguridad patrullan en coche con la rotulación de la empresa por el exterior de las vías en cada tramo. Recorren centenares de kilómetros 24 horas al día 365 días del año para revisar la seguridad de las vías. A las ocho horas de turno, otra pareja los sustituye para seguir cubriendo el tramo. Pero en el caso de los ladrones de cobre, esa pobre cobertura y la valla de algo más de dos metros de alto que delimita las vías no son suficiente. Estos acceden normalmente con facilidad y sin impedimento a las vías; tenaza en mano, crean un agujero lo suficientemente grande para entrar y salir con centenares de metros de cableado.
Una vez dentro, no salta ninguna alarma sonora, mientras que las cámaras de seguridad brillan por su ausencia, a excepción las estaciones de tren y de las subestaciones eléctricas que dan potencia a la catenaria, que sí están videovigiladas. Asimismo, los ladrones actúan de noche para anticiparse a la llegada de posibles vigilantes siendo advertidos por las luces de los coches con los que patrullan. De esta forma, los delincuentes tienen tiempo para retirar cableado desde que empiezan a manipularlo y salta el aviso en las oficinas de Adif hasta que se presenta la policía o los vigilantes bajo el requerimiento de la empresa pública. "En unos pocos minutos, pueden provocar un destrozo", reconoce Alberto García, portavoz nacional de Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada, el sindicato profesional más representativo del sector.
Margen de mejora Es habitual que Adif contrate un servicio extra en un tramo "conflictivo" por la cantidad de robos que allí se producen; en ese caso, refuerza la vigilancia con una patrulla más de dos vigilantes. No obstante, pasado un tiempo en que no se produce ninguno más, los retira. "Ningún cliente, por grande que sea, gasta lo que necesita para tener la seguridad que necesita", a criterio de García, que a su vez insiste en que "es imposible que tan solo dos vigilantes eviten todos los robos en tantísima longitud de vía". Además, cuando sorprenden a los delincuentes, es habitual que estos les ataquen lanzándoles piedras de la vía o utilizando las herramientas que llevan consigo para cortar el cable; es por ello que piden un chaleco "antitrauma" y "antipinchazos" para protegerse.
Asimismo, los sindicatos reclaman que Adif aumente el número de horas contratadas para que las empresas de vigilancia privada puedan destinar más efectivos: "Hay mil formas de mejorar la seguridad de las vías, pero todo confluye en lo mismo: inversión". En marzo, la empresa pública acordó establecer espacios aéreos protegidos alrededor de las vías para evitar la intrusión de drones y así protegerse de interferencias o daños en la infraestructura. Para ello, ha licitado un contrato de 94.757,16 euros y estudia qué vías proteger de este tipo de "aeronaves no tripuladas", que han proliferado los últimos años. Drones que la propia Adif valoró utilizar en 2015 para frenar los incidentes y robos en las líneas de Cataluña, sin que haya trascendido su uso después.
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