Una aceleración de un cambio que, ya desde hace años, había caracterizado una progresiva transformación de la mera provisión de servicios hacia la prestación de soluciones de seguridad adaptadas a los usuarios. Además, se ha producido una visibilidad exponencial que ha permitido que los ciudadanos hayan puesto en valor la trascendencia del desempeño de los profesionales del sector. La sociedad en su conjunto ha podido observar la labor de la seguridad privada para preservar bienes jurídicos tan relevantes como la vida y la integridad física de quienes acuden a un hospital, se desplazan en medios de transporte públicos, o desean acudir a un centro comercial con plenas garantías de seguridad. No en vano, nueve de cada diez españoles se sienten más seguros en aquellos espacios donde los vigilantes están presentes.
Este componente humano y tecnológico debe seguir definiendo una seguridad privada reinventada. A través de este nuevo concepto, la adquisición de nuevas competencias por nuestros profesionales, desde la transformación radical de los mecanismos de incorporación al sector, debe llevar a un creciente valor añadido, un renovado reconocimiento y una legitimidad adicional para la asunción de nuevos cometidos en beneficio de la seguridad, no solo privada sino pública.
Nuestro sector no puede ser y, de hecho, no es ajeno a la profunda transformación que España y Europa requieren para que nuestras economías no se caractericen por la marginalidad en un exigente contexto global. Un entorno que implica afrontar decididamente los retos de la digitalización y del combate contra el cambio climático.
La seguridad privada es un sector que tiene la responsabilidad de integrar las mejores prácticas de responsabilidad corporativa que permitan poner su grano de arena en la cohesión social de nuestro país. Esto tiene su concreción en una contratación socialmente responsable que destierro la mera consideración del precio de la adjudicación contractual. Se deben respetar «las mismas reglas de juego», en particular el cumplimiento normativo por los distintos actores, y es precisa una condena firme de aquellas prácticas ruines y de muy difícil justificación ética que pretendan una reducción de costes a costa de los auténticos protagonistas del sector: los vigilantes de seguridad y sus familias. Una seguridad privada reinventada que, de forma proactiva, debe adoptar pasos adicionales cara a la plena incorporación de la mujer, o la integración de la discapacidad, impedida por el actual marco reglamentario. Un sector abierto, moderno, profesional, en el que personas de toda condición sexual, de raza o de origen puedan construir su futuro.
Eduardo Cobas, Secretario General De APROSER (AQUÍ)
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