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Acusa al PP de favorecer a un sector en el que hay exmiembros del Gobierno y dice que ya hay más vigilantes que guardias civiles
El PSOE ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para reclamar al Gobierno que no renueve los contratos adjudicados a empresas de seguridad privada para hacerse cargo de la seguridad exterior de los centros penitenciarios, de manera que estas tareas sean desarrolladas exclusivamente por agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el Estado.
En la iniciativa que ha registrado para su debate en la Comisión de Interior y a la que ha tenido acceso Europa Press, los socialistas recuerdan que la privatización de estas tareas se inició en 2013, "bajo la excusa de recolocar a los trabajadores que habían venido prestando servicios de escolta a cargos públicos amenazados por ETA", pero que el Gobierno no ha cumplido esa promesa de recolocación.
El PSOE recalca que el Congreso ya se ha opuesto en reiteradas ocasiones a esta privatización que ha supuesto el "derroche" de "más de 115 millones de euros de las arcas públicas". "Se trata de un contrato absolutamente innecesario, puesto que los vigilantes privados están desempeñando cometidos duplicados respecto a Guardia Civil y Policía Nacional", argumentan.
NICHO DE NEGOCIO A COSTA DEL ESTADO Desde su punto de vista, la única finalidad de esta privatización es "crear artificialmente un nicho de negocio para las empresas de seguridad privada" y beneficiar a sus propietarios con "suculentos contratos" cuyas cantidades no repercuten en los sueldos de sus trabajadores, que "perciben unas retribuciones ínfimas en comparación con las enormes cuantías que está desembolsando la Administración Pública".
De hecho, denuncian que ya hay más vigilantes privados que agentes de la Guardia Civil, el cuerpo con la plantilla más amplia y que los efectivos de la seguridad del Estado no hacen más que disminuir. Así, recalcan que en 2017 había 76.806 guardias civiles, 8.474 menos de los previstos en catálogo y mientras que la Policía Nacional contaba con 78.138 efectivos en catálogo y sólo había efectivos 63.162, incluyendo a los alumnos en prácticas.
Así las cosas, el PSOE quiere que el Congreso inste al Gobierno a no renovar los contratos con empresas privadas para la vigilancia externa de las cárceles. El 31 de diciembre de 2017 ya finalizó la tercera fase del contrato de estos servicios de apoyo, pero Interior ya anunció antes de esa fecha que tenía previsto prorrogarlos hasta abril y abrir un nuevo concurso en mayo.
MÁS COSTOSO Y PROBLEMÁTICO El PSOE ve probado que el PP prima la seguridad privada sobre la pública y resalta sus vinculaciones con empresarios del sector que han ocupado puestos relevantes en el Gobierno. Además, le reprocha que apueste por este modelo pese a que en otros países ya ha quedado claro que es más costoso y problemático que el público.
Por todo ello, el PSOE insta al Gobierno a no renovar el contrato del servicio de apoyo para la vigilancia exterior de las cárceles y a sacar las oportunas convocatorias de plazas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "para atender las necesidades que se derivan por la escasez de recursos personales actuales en la seguridad perimetral de las prisiones".
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