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El Consejo de Ministros ha autorizado este viernes la celebración de un contrato centralizado para la prestación de servicios de seguridad y auxiliares de control en edificios de los ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y de Asuntos Exteriores y Cooperación, y numerosos organismos públicos, por un importe de más de 73 millones de euros, IVA excluido.
Asimismo, se incluyen otras entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, como la Dirección Provincial de Madrid de la Tesorería General de la Seguridad Social y Gerencia de Informática de la Seguridad Social. También se suman el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y otros organismos: Servicio Público de Empleo Estatal; Agencia Estatal de Administración Tributaria; Jefatura Central de Tráfico; Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios; Agencia Española de Consumo; Seguridad Alimentaria y Nutrición; Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo; Instituto Nacional de Administración Pública; Instituto de Estudios Fiscales; Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas; Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, y Real Patronato Sobre Discapacidad.
El plazo de duración del contrato es de dos años, con posibilidad de prórroga, y su valor estimado para el periodo máximo de duración es de 73,09 millones de euros, IVA excluido.
El contrato, que será tramitado mediante licitación electrónica, integra las prestaciones de vigilantes de seguridad, mantenimiento de instalaciones de seguridad y centrales receptoras de alarma, con el fin de conseguir un tratamiento unitario de los distintos servicios que coadyuvan a un nivel adecuado de seguridad en los edificios públicos. Igualmente, como servicios complementarios a los regulados en la normativa sectorial de seguridad privada, se incluyen los complementarios de ayudantes de control. Además, el contrato se estructura en cuatro lotes y se limitará la presentación de ofertas a los licitadores a uno o dos lotes, para facilitar el acceso al contrato de un mayor número de empresas. Uno de los lotes tiene requerimientos inferiores en cuanto a la solvencia requerida, a fin de permitir la concurrencia de empresas con menor volumen de negocio.
El Gobierno señala que se hace un especial énfasis en los aspectos relativos a la calidad de la prestación, tanto en la definición técnica de los servicios requeridos, como en los criterios de valoración establecidos para la adjudicación del contrato, que incluyen, junto con el criterio económico, otros de tipo técnicos relacionados con la prestación. Igualmente, dado que se trata de servicios intensivos en personal, los pliegos de condiciones del contrato contienen cláusulas de contenido social, con el fin de favorecer el respeto hacia los derechos laborales básicos de los trabajadores a los que afecta el contrato.
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