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CCOO y UGT aseguran que los encargados de la vigilancia de la dirección provincial de la Seguridad Social en Ciudad Real han visto caer sus salarios un 40% en su primera nómina La reducción de "unos 400 euros" se corresponde con la aplicada en otras adjudicaciones gracias a su convenio de empresa, que anuló el Tribunal Supremo en diciembre Los sindicatos denuncian que "sigue aplicando el mismo convenio" y critican a la administración pública por continuar contratando a esta compañía.
Esperaban con temor sus nóminas y, finalmente, llegaron con retraso y el peor de sus presagios. Los 16 vigilantes de las sedes de la Seguridad Social en Ciudad Real cobraron sus nóminas de enero la semana pasada con un recorte del 40% respecto a su salario anterior, afirman desde Comisiones Obreras y UGT. ¿El motivo? La entrada de la nueva adjudicataria del servicio, Novo Segur (la antigua Marsegur), una empresa de seguridad privada 'low cost' que ha sido condenada por la Audiencia Nacional por vulnerar el derecho a huelga y a la que el Tribunal Supremo anuló su convenio de empresa el pasado diciembre. Los sindicatos denuncian que la empresa "sigue aplicando el convenio" anulado.
Las organizaciones de trabajadores esperaban esta nómina de enero tras la ratificación definitiva del Supremo de la anulación del convenio –que ya había tumbado la Audiencia Nacional antes– para ver qué salarios aplicaba Novo Segur en una nueva adjudicación pública. "Están aplicando el convenio de empresa, lo sabemos por lo que están haciendo en otros servicios", asegura Carlos García Montoya, responsable de Negociación Colectiva de CCOO de Construcción y Servicios en Castilla-La Mancha. Belén del Álamo, de Fesmc UGT en la comunidad, confirma las reducciones en los salarios.
Este medio ha intentado ponerse en contacto con algún portavoz de Novo Segur sin éxito. La opacidad y la nula comunicación son la norma en la compañía, según explica Carlos García. Solo hay un delegado sindical en la empresa en Ciudad Real, que es de CCOO, y "no ha recibido explicación sobre esta rebaja en los salarios", critica. García explica que "los trabajadores están indignados con la propia Administración que, a sabiendas de que este tipo de empresas funcionan así, siguen siendo adjudicatarias y al final nos vemos en este sarao. Nadie nos da ninguna explicación ni esperanza. Es absolutamente increíble".
Esta empresa es una de las varias compañías de seguridad privada de bajo coste que tiran precios por debajo del sector y logran hacerse con multitud de adjudicaciones públicas. Según los sindicatos, están vinculadas al empresario Miguel Ángel Rodríguez, presidente de la UD Las Palmas, a través de una pequeña patronal llamada Acosepri. Este tipo de compañías disgustan, además de los sindicatos, a la patronal. En el caso de Aproser (Asociación Profesional de Compañías Privadas y Servicios de Seguridad), su presidente ha criticado la reforma laboral del Gobierno: "Ya nadie duda (tras varios años predicando en este desierto generado por la crisis económica) que la ingeniería en malas prácticas favorecida por la prevalencia del convenio de empresa sobre la negociación colectiva sectorial, aderezada con nuestra peculiar ley de contratos del estado, ha sido un cáncer de gran metástasis en todos los sectores intensivos en mano de obra", escribía Ángel Córdoba Díaz en un artículo.
Adjudicaciones públicas pese a las condenas En este caso, los trabajadores que han visto esfumarse un 40% de su sueldo están protegiendo las oficinas de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y de la Tesorería General de Ciudad Real, dependientes del ministerio que dirige Fátima Báñez. Los representantes sindicales denuncian la paradoja de que una empresa condenada, cuyo convenio fue denunciado por la propia Dirección General de Empleo y Seguridad Social, siga recibiendo adjudicaciones públicas e incluso ligadas a ese Ministerio.
La adjudicación a Novo Segur en Ciudad Real tuvo lugar el pasado noviembre, por un importe de 307.447,41 euros. Fue formalizada solo un día después de la sentencia del Supremo y le otorga el servicio por un periodo de un año, hasta 31 de diciembre de 2018. En los pliegos, el "único criterio de adjudicación" es el "del precio más bajo" ofertado por las empresas concurrentes. Según el documento, pueden quedar excluidas las candidatas con ofertas "anormalmente bajas", pero ninguna fue apartada por este motivo. Además, hay otra adjudicación dependiente de Empleo, del 14 de diciembre, por parte de la dirección provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Almería. En este caso, el importe es de 27.781,00 euros.
Fuentes del Ministerio de Empleo explican que ambas contrataciones con Novo Segur parten de las direcciones provinciales, que "son unidades de contratación independientes". También justifican que con la actual ley de contratos públicos –que será sustituida en marzo por una nueva norma– es legal que las empresas se descuelguen en los precios por debajo de los convenios colectivos del sector, algo que impedirá la nueva ley. Sobre si es normal que dependencias de Empleo estén adjudicando servicios a una compañía denunciada por el propio ministerio, las mismas fuentes separan la labor del Ministerio "en materia del orden social" –persiguiendo aquellos convenios nulos por no cumplir con lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores y con actuaciones de la Inspección de Trabajo para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral– con la de "contratación administrativa". En este último punto, no cumplir con el convenio por irregularidades en la representación sindical –que es lo que reconoció el Supremo– no supone un criterio para excluir a una empresa. "Nosotros la única razón para impugnar una adjudicación es por una sentencia firme de fraude a la Seguridad Social o a Hacienda", justifican en Empleo.
Desde el Ministerio insisten en que están promoviendo "la introducción de cláusulas sociales en la contratación de servicios de seguridad", para adelantarse a la nueva normativa y garantizar "los derechos laborales de los trabajadores de la empresa adjudicataria". El Ministerio de Empleo no es el único que contrata con esta compañía. El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad ha adjudicado siete servicios de vigilancia del CSIC en diferentes lugares desde septiembre, por un importe total de 2,9 millones. En varios casos, las adjudicaciones se produjeron después de la anulación del convenio, como en el caso de la seguridad del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Instituto Cajal y del Centro de Ciencias Humanas y Sociales en Madrid.
Y el Ministerio de Defensa, que inició el proceso para rescindir los contratos con esta empresa en septiembre, sigue adjudicando algunos servicios a Novo Segur: el último este mismo febrero, para servicios de seguridad en centros de la red sanitaria militar, por un importe de 218.606,84 euros.
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