La dirección sanitaria resuelve el contrato con la mercantil por incumplimientos, tras una reducción salarial del 40% y no respetar derechos laborales. Los afectados y el sindicato CC OO mantienen varias denuncias interpuestas, la última de ellas, ante la Fiscalía.
No respetar el salario y otros derechos laborales de sus trabajadores ha acabado saliéndole caro a la empresa que gestionaba el servicio de vigilancia y seguridad del Hospital Comarcal de la Marina Baixa. La conselleria de Sanidad ha rescindido el contrato que mantenía desde hace algo más de tres meses con Sinergias de Vigilancia y Seguridad debido a los incumplimientos en los que, según mantienen, la empresa habría incurrido. La resolución de esta adjudicación fue firmada ayer mismo por la gerente del departamento de salud de la Marina Baixa, Rosa Louis Cereceda, justo a la vez que el sindicato Comisiones Obreras denunciaba la presentación ante la Fiscalía de una denuncia contra esta misma empresa por un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores.
La relación contractual entre la conselleria de Sanidad y Sinergias de Vigilancia y Seguridad se inició el pasado 1 de noviembre. La empresa resultó adjudicataria al presentar la mejor oferta para hacerse con la seguridad privada del Hospital Comarcal, ubicado en La Vila Joiosa, y del Centro de Especialidades de Benidorm. En ambos espacios sanitarios trabajan un total de 17 vigilantes de seguridad, a los que la nueva adjudicataria debía subrogar en las mismas condiciones y con el mismo salario que tenían con la anterior mercantil, Eulen Seguridad. Pero de inmediato vino el primer incumplimiento.
Jesús Gallego, delegado sindical de CC OO en esta plantilla, explicó ayer que pocos días después de iniciarse el contrato, la mercantil les comunicó que dejarían de regirse por el convenio nacional que rige las condiciones laborales en las empresas de seguridad y que les aplicaría un convenio propio. Esta primera decisión les supuso un recorte salarial del 40%, tanto en el sueldo base como en los complementos. O, dicho de otra manera, hizo que pasasen de cobrar algo más de 1.000 euros a 690 euros mensuales; o a ver reducidos algunos pluses, como el de peligrosidad, de 143,51 a 15 euros al mes.
Tras este jarro de agua fría, los trabajadores descubrieron que el convenio colectivo que la empresa les estaba aplicando había sido anulado por la Audiencia Nacional el 10 de julio de 2017; esto es, cuatro meses antes de hacerse con la adjudicación, a pesar de lo cual continuó aplicándolo. Con todos estos hechos, los trabajadores contactaron con los servicios jurídicos de CC OO para interponer una denuncia y, al solicitar una copia de la vida laboral, descubrieron que la empresa no los tenía dados de alta en la Seguridad Social. Y no lo hizo hasta el 16 de noviembre, dos días después de que los trabajadores la llevaran ante los tribunales por estas irregularidades, como explicó el delegado de Comisiones Obreras.
Reiteradas denuncias El rosario de denuncias no termina aquí. El 21 de noviembre, los trabajadores también llevaron ante la Inspección de Trabajo a Sinergias de Vigilancia y Seguridad por una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo, por medio de una demanda colectiva a la que se sumaron todos los afectados. La mercantil no acudió al acto de mediación y los 17 empleados llevaron su causa a los juzgados, que ya han puesto, incluso, fecha de juicio.
A raíz de toda la lucha de la plantilla por defender sus derechos, la empresa de seguridad comenzó a retrasarse en el pago de sus nóminas. La de noviembre no la cobraron hasta el 16 de diciembre; la de diciembre, hasta el 17 de enero; y, a fecha de ayer, todavía seguían sin percibir ni un euro del salario correspondiente a enero, lo que ha acabado por colmar su paciencia. Desde CC OO tildaron estos retrasos de «represalia» y consideraron que la empresa está incumpliendo sus derechos laborales «de mala fe», por lo que han llevado el caso a la Fiscalía para que actúe por la «situación de desesperación que estamos sufriendo», reconoció el representante sindical. «Tenemos unas funciones de mucha responsabilidad y nos han tratado como si no fuéramos personas», agregó Gallego.
Tras finiquitar a la empresa, el departamento comarcal hará un contrato menor para poder mantener el servicio de seguridad aproximadamente durante el mes que se calcula que tarde Sanidad en sacar la nueva adjudicación. La gerente defendió que estos trabajadores hacen un trabajo «importantísimo» en el Hospital y avanzó que la nueva licitación volverá a incluir la subrogación de la plantilla y el mantenimiento de salarios y derechos.
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