Unos 75 agentes de seguridad privada están embarcados en la veintena de atuneros españoles que faenan en aguas del Índico, cerca de la permanente amenaza pirata
Desde hace casi diez años, miembros del Ejército y de la seguridad privada se complementan en las aguas del océano Índico para mantener a salvo de los ataques piratas a los 22 buques bajo bandera española que trabajan en esta zona en busca de atún. El inicio del dispositivo de vigilancia redujo drásticamente la piratería en el área y provocó que los principales focos de esta actividad pasasen a ser en la costa de Nigeria y la República de Indonesia. Ahora, tras varios años de calma tensa, la conflictividad regresa al océano Índico, donde el número de ataques aumentó el año pasado
La operación Atalanta contra la piratería en el océano Índico cumplirá su décimo aniversario el próximo 10 de noviembre. La urgencia por repeler la escalada de los ataques y secuestros frente a las costas de Somalia aceleró el inicio de este operativo en el que una decena de buques militares ejercen de cortafuegos en unas aguas, las del océano Índico, revueltas por la amenaza pirata. Este dispositivo de las fuerzas armadas convive prácticamente desde su inicio con el refuerzo de la seguridad privada a bordo de los pesqueros que faenan en esta zona en busca de su tesoro más preciado: el atún.
Fue a mediados de 2010 cuando el Gobierno se comprometió, tras la conmoción por el secuestro delAlakrana -el 3 de octubre de 2009 y que permaneció 47 días retenido por piratas somalíes-, a subvencionar la mitad de los gastos en seguridad privada de las armadoras. Estas ayudas permanecieron activas hasta que, una vez olvidada la traumática experiencia, fueron retiradas. Pero la amenaza pirata sigue y el sector no baja la guardia. Unos 75 vigilantes de seguridad armados se encuentran embarcados en 22 buques españoles a razón de entre tres y cuatro por barco. Los agentes conviven con el resto de la tripulación a bordo, comparten los mismos turnos de embarque (alrededor de cuatro meses) y hasta llegarían a camuflarse entre la treintena de marineros de no ser porque sus uniformes, distintos a los del resto, les delatan.
Alejados de escenas más épicas, es en el puente de mando y no en la popa donde los vigilantes desarrollan la mayor parte de su actividad. Su herramienta de trabajo es el radar, antes que el fusil de asalto. Los miembros de seguridad alternan su control del entorno mediante pantallas con salidas periódicas a la cubierta para realizar barridas con prismáticos que permitan detectar embarcaciones más ligeras, como las lanchas de fibra, que en ocasiones logran acercarse al buque sin que salten los radares. Cuando detectan alguna amenaza, los centinelas dan voz de alerta a las autoridades y ponen en marcha su dispositivo para repeler el ataque, donde el empleo de la fuerza es el último recurso.
En el caso de que el asalto se realice a unas horas del día con escasa luz, el grupo de seguridad activa un equipo que lleva a bordo de la embarcación y que dirige un fuerte haz luminoso hacia los atacantes para cegarlos. Si la medida no surte efecto y la amenaza sigue en pie, se recurre a las armas de fuego a las que la legislación otorga función de disuasión antes que de defensa propia. El incidente del Alakrana en 2009 supuso un antes y un después en materia de defensa: provocó que, en paralelo a las ayudas temporales a las armadoras, se diese luz verde al uso de armas de repetición por los equipos de seguridad privada a bordo de los atuneros.
En los últimos años el epicentro de la piratería había pasado a ser el archipiélago indonesio y la costa de Nigeria, pero durante 2017 los piratas somalíes intensificaron su presencia en aguas del golfo de Adén y del Índico y ampliaron su radio de acción hasta llegar a realizar ataques en el entorno de las islas Seychelles. "La amenaza de la piratería está siempre presente, pero en los últimos meses estamos detectando un cierto repunte", explica el gerente de la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (Opagac), Julio Morón. Según los datos de la Oficina Marítimo Internacional (ICC-IMB), entre enero y septiembre del año pasado se contabilizaron cuatro ataques en aguas de Somalia y dos en el golfo de Adén, mientras que entre 2015 y 2016 solo se había registrado uno.
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