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Madrid adjudicó en abril de 2016 la seguridad de los juzgados, que incluía 85 vigilantes armados. Se pagó por ello aunque los primeros llegan este viernes. La Comunidad reclama ahora 224.000€
El Gobierno regional que preside Cristina Cifuentes ha exigido a las empresas Sasegur y Grupo On Seguridad que reintegren a las arcas públicas 224.318 euros por un servicio que cobraron pero que nunca prestaron. Ambas compañías ganaron el contrato de seguridad de todas las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid. El pliego regulaba que 271 vigilantes, 85 de ellos armados, debían vigilar los juzgados. Así cobraron por ello desde abril de 2016, pero no será hasta este viernes, ya en octubre de 2017, es decir, 17 meses después, cuando las primeras armas lleguen a las fundas de los vigilantes de algunos juzgados madrileños.
Los 85 vigilantes que debían portar armas nunca las han llevado, aunque la Comunidad de Madrid sí ha pagado por ello. "Ese podría ser el resumen de lo que ha pasado aquí", señala un portavoz del Sindicato de Trabajadores de Seguridad y Servicios (STS), que asegura que fueron ellos los que alertaron al Ejecutivo autonómico de que no se estaban cumpliendo los pliegos. El contrato entró en vigor el 1 de abril de 2016 y tuvo una duración de 12 meses, hasta el 31 de marzo de 2017. La comunidad abonó por ello 9,44 millones de euros. El 1 de abril se prorrogó hasta finales de año, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2017.
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