Metro de Madrid estudia romper con Integral Canaria por impago a sus vigilantes

Los 400 trabajadores no cobran desde agosto

Los abogados del suburbano se están planteando sancionar o rescindir el contrato con esta empresa pirata. Sus vigilantes no han cobrado el mes de septiembre y sufren constantes retrasos en los pagos

Un cuarto de los vigilantes de Metro de Madrid no está cobrando sus nóminas. Se trata de 400 personas subcontratadas a través de Seguridad Integral Canaria, una empresa 'pirata' conocida por pagar tarde, mal y nunca a sus empleados. La compañía ya anunció que venderá o cederá todos sus servicios de vigilancia a un tercero para centrarse en otras líneas más rentables, como los sistemas de alarmas o el transporte de fondos. Con dos excepciones: Adif y el suburbano en la capital, donde pretende continuar con su actividad. Otra cosa es que sus clientes se lo permitan. El equipo jurídico de Metro de Madrid está explorando la posibilidad de sancionar o rescindir el contrato con Seguridad Integral Canaria ante el impago de las nóminas desde agosto y los continuos retrasos, confirman fuentes del suburbano a este periódico. Los 400 empleados afectados representan un 26% de los 1.500 vigilantes de seguridad que operan en las instalaciones del metro a través de diferentes empresas como Ombuds, Segurisa o Garda. Este periódico se ha puesto en contacto con el gigante canario, pero no ha recibido respuesta.

Metro de Madrid recuerda que acaba de sacar un nuevo concurso donde una de las cláusulas exige cumplir el convenio estatal de seguridad privada, una de las grandes reivindicaciones de los sindicatos. Dicho texto garantiza unas condiciones dignas o, como mínimo, alejadas de los 700 euros que están pagando muchas empresas 'pirata' en este sector. Un ejemplo es Marsegur en el Ministerio de Defensa, aunque el departamento capitaneado por María Dolores de Cospedal se ha comprometido a romper el contrato.

Esto es posible gracias a los convenios de empresa, amparados por la reforma laboral de 2012. "Este tipo de situaciones no tendrá cabida con la nueva licitación", garantizan desde el suburbano. No obstante, los sindicatos critican con dureza el importe por considerarlo demasiado bajo. El valor estimado del contrato a cuatro años asciende a 232 millones de euros, una cantidad "insuficiente para cubrir unos mínimos estándares de calidad", sostiene el responsable de Seguridad Privada de UGT, Diego Giráldez. Prueba de ello es que solo se han presentado tres empresas hasta el momento. En este sentido, los representantes de los trabajadores exigen que los convenios de empresa dejen de prevalecer en la nueva Ley de Contratos, que se votará este jueves en el Congreso. Y mantienen las movilizaciones convocadas para el próximo 24 de octubre tanto para pedir un cambio en el modelo de contratación como para protestar por la proliferación de empresas "que intentan acaparar mercado mermando las condiciones laborales". Todo esto en medio de los tira y afloja con la patronal para cerrar un nuevo convenio estatal.

Casi 24 M en contratos públicos, en el limbo El cese de Seguridad Integral Canaria en vigilancia dibuja un futuro incierto para sus 3.700 empleados, que operan en sitios públicos como ministerios, sedes de gobiernos autonómicos, consejerías, metros o estaciones de tren. De hecho, el 70% del negocio procede de las administraciones públicas. ¿Qué pasará con estos servicios ahora que la empresa tiene intención de deshacerse de ellos? Podrá hacerlo sin problemas en el caso de los servicios privados, pero deberá cumplir una serie de requisitos en los públicos. Integral Canaria ha obtenido adjudicaciones por importe de 23,7 millones de euros en los últimos tres años solo en ministerios. Su mayor cliente es Defensa (16,6 millones), seguido de Empleo (2,8 millones), Fomento (2,3 millones), Hacienda (1,3 millones), Interior (243.000 euros) y Presidencia (206.000 euros), según los contratos públicos analizados por este periódico. Eso sin contar con su presencia masiva en Canarias, donde vigila el 80% de las instituciones públicas.

Los ministerios de Defensa, Empleo y Hacienda nos remiten a la Ley de Contratos del Sector Público, que sí contempla la cesión de contratos en su artículo 226 siempre que la Administración pública lo autorice y la empresa tenga ejecutado al menos un 20% del importe inicial. "En este caso, se estudiaría y articularía la mejor solución posible para dar continuidad al servicio" de acuerdo con lo establecido en el marco legal, explican fuentes del departamento dirigido por Cristóbal Montoro. Pero el organismo público en cuestión puede frenar el proceso si considera que la nueva compañía no cumple con los requisitos solicitados a la adjudicataria o supone una "restricción efectiva de la competencia en el mercado".

En cualquier caso, no está claro qué pasará con esos 23,7 millones de adjudicaciones públicas ahora que se ha abierto el melón de la seguridad privada en España. A raíz del conflicto de El Prat, el Gobierno emplazó a los sindicatos a reunirse para abordar la situación global de los vigilantes en España. Ya han tenido dos encuentros y volverán a verse la semana que viene. Los sindicatos sospechan que Marsegur, la empresa que paga sueldos cercanos al salario mínimo a sus vigilantes, aspira a tomar el relevo de Seguridad Integral Canaria. La otra candidata es Sinergias de Seguridad, con un 'modus operandi' similar. "¿Piensa tirar a la baja en la venta y dejarnos expuestos a sueldos de 700 euros al mes?", plantearon los representantes de los trabajadores en el último encuentro privado con el director general, Héctor de Armas. "No tengo ni idea, pero sí os garantizo que ya no será un problema de Integral Canaria", replicó.

FUENTE: www.elconfidencial.com AQUÍ