Vigilantes, dependientes, cajeros de supermercado, teleoperadores, camareras de piso, trabajadores del hogar... son sólo alguno de los profesionales con peores condiciones en el mercado laboral.
Jornadas maratonianas o contratos de apenas 12 horas a la semana, sueldos de miseria, altos ritmos de trabajo, inestabilidad... Éste es el negro horizonte al que se enfrentan cada día los trabajadores con los empleos más precarios, aquellos a los que la recuperación está dejando por el camino.
«Trabajo como repartidor de moto. Mi contrato dice que son 10 horas a la semana y me pagan 50 céntimos por cada reparto. Trabajo mucho más de 10 horas semanales, pero en mi nómina no aparecen reflejadas las horas extras ni los pedidos. Sólo un sueldo básico. Además, me exigen unos tiempos de reparto que no se pueden hacer sin arriesgar la vida o incumplir normas viales», denuncia indignado un trabajador que prefiere mantenerse en el anonimato.
El de este repartidor no es, por desgracia, un caso aislado. Testimonios como éste inundan la página web www. precaritywar.es que ha lanzado CCOO, en el marco de una campaña para combatir la precariedad en el empleo. Una iniciativa con la que el sindicato pretende que se visibilice esta realidad y que quienes sientan miedo o piensen que están solos se atrevan a alzar la voz y a unirse para evitar que «se sigan degradando las condiciones laborales». «No queremos quedarnos sólo en la denuncia. La precariedad no es una plaga bíblica, es algo que se puede revertir si la gente se organiza y se recurre a instrumentos como la negociación colectiva, los tribunales o la inspección de trabajo», señala José María Martínez, secretario general de la Federación de Servicios de CCOO.
«Precariedad siempre ha habido», denuncia su compañero Santiago Cubero, secretario de Comunicación de la Federación de Construcción y Servicios, «pero con la reforma laboral la situación se ha agudizado en algunos sectores como los vigilantes de seguridad, las camareras de piso, en el trabajo del hogar, en el reparto a domicilio, en el sector del contact center...». El hecho de tener un empleo ya no asegura tener una vida desahogada. La elevada temporalidad, la parcialidad involuntaria y los trabajos por hora impiden que algunos trabajadores puedan llevar una vida independiente y necesiten tirar de la ayuda de familiares y amigos para poder llegar a fin de mes. En España, una quinta parte de la población se considera en riesgo de pobreza, según Eurostat. Y somos el tercer país de la UE donde más ha crecido este indicador desde 2008.
Para los sindicatos, la reforma laboral de 2012 es la principal responsable de que se haya tocado techo. «La reforma laboral de 2012 tiene mucho culpa de la extensión de la precariedad al haber introducido un elemento que da prioridad a los convenios de empresa sobre los sectoriales. Esto ha dado a las empresas multiservicio la posibilidad de aplicar sus convenios, con condiciones sustancialmente inferiores a las de los sectoriales. Como consecuencia, ha aumentado mucho la figura de los trabajadores multiservicios que cobran salarios en torno a un 40% y un 60% inferiores», explica Gonzalo Pino, secretario de Política Sindical de UGT. Aunque las organizaciones sindicales han acudido a los tribunales y han logrado que se impugnen más de 60 convenios de empresas multiservicios, Pino advierte de que «si no se deroga la reforma laboral, en los próximos cinco años vamos a un escenario en el que un 35% o un 40% de los trabajadores sufrirá este tipo de devaluaciones salariales. Si no frenamos esta deriva, vamos a una sociedad cada día más desigual y precaria donde la clase media va a terminar desapareciendo», añade.
Fuentes del Ministerio de Empleo niegan que la reforma laboral sea la culpable de lo que está ocurriendo en algunos sectores y recuerdan que «a través de la de las actuaciones de la Dirección General de Empleo, se ha evitado el registro y publicación de casi un centenar de convenios colectivos de empresas de servicios que no respetaban las reglas de legitimación que para su negociación establece el Estatuto de los Trabajadores». Asimismo, explican que desde el año 2016 se ha intensificado la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en las empresas de servicios con el objetivo de evitar que se vulneren los derechos de los trabajadores tanto en materia de convenios como por no cotizar por sus empleados o por haber recurrido a cesiones ilegales. En lo que va de año, el número de infracciones asciende ya a 154.
Además, recuerdan que en el marco de la mesa de diálogo social para el impulso de la calidad en el empleo, el Gobierno se ha comprometido a «abordar todas aquellas reformas de nuestro mercado de trabajo que contribuyan a recuperar el empleo y mejorar las condiciones laborales».
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