El Pleno del Congreso ha aprobado la nueva Ley de Contratos del Sector Público, rechazando todas las enmiendas introducidas en el Senado por la mayoría absoluta del PP, en las que se permitía a las empresas adjudicatarias priorizar un convenio de empresa sobre el sectorial.
Así, PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem, Esquerra Republicana, el PDeCAT y PNV han tumbado las enmiendas introducidas en el proyecto de ley durante su paso por la Cámara Alta, con lo que la nueva norma entrará en vigor tal y como salió el pasado mes de julio del Congreso. El proyecto por el que se transponen dos directivas europeas fue aprobado por el Gobierno en noviembre de 2016 y tomada en consideración a mediados de febrero de este año. Desde entonces, la complejidad y la extensión de la norma alargó el período de ponencia, celebrándose entre marzo y julio reuniones para debatir y acordar cambios en la norma.
Finalmente, fue aprobada por la Comisión de Hacienda y Función Pública en la última semana de julio, sin ningún voto en contra, únicamente con la abstención del PSOE, y con satisfacción general de los grupos al haber podido introducirse aportaciones de prácticamente todas las fuerzas políticas. Así, celebraban haber conseguido plasmar una contratación pública más transparente, más controlada, más accesible para pymes, con mayor protección para los trabajadores de las adjudicatarias y con un papel más importante de las cláusulas sociales.
¿CALIDAD ANTES QUE PRECIO? Aunque en el proyecto de ley ya se recogía la inclusión de cláusulas sociales, tal y como mandata la propia directiva comunitaria, partidos de izquierda como PSOE y Unidos Podemos celebran que se éstas se hayan incorporado con mayor detalle durante el trámite parlamentario.También dan por hecho que con la nueva norma la calidad del servicio prestado se priorizará el precio y que podrá realizarse una contratación estratégica para potenciar, por ejemplo, los contratos con empresas que primer determinados aspectos como la igualdad de género o los aspectos medioambientales.
Desde Unidos Podemos también celebran la reducción de la cuantía de los contratos menores, que tienen menos exigencias de control. Ahora se consideran menores los inferiores a 50.000 euros para obras y a 18.000 euros para servicios y cuando se apruebe la reforma se quedarán en 40.000 los primeros y en 15.000 los segundos. También se eliminarán los contratos sin publicidad.
UN SUPERVISOR DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA Otro de los grupos que ve plasmada en la ley una de sus principales reivindicaciones es Ciudadanos, ya que la reforma incluye la creación de un organismo de control de la contratación pública, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión, que según comentan desde la formación naranja, contará con capacidad normativa y podrá emitir recomendaciones para el cumplimiento de los órganos de contratación. De esta forma, la supervisión se saca de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia --en cuya segregación trabaja desde hace meses Economía-- para constituir un organismo que, aun dependiendo del ministerio orgánicamente, se asemeje a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
Una de las características más valoradas por Ciudadanos es la garantía de la independencia de sus miembros, pues tendrán un mandato de seis años, rompiendo así el ciclo electoral y no podrán ser cesados por el Gobierno, salvo causas justificables ya tasadas. Asimismo, de esta oficina dependerá la Oficina Nacional de Evaluación, que se encargará de estudiar la rentabilidad socioeconómica de la contratación pública. Otro de los mecanismos de control será una ponencia permanente en las Cortes, en paralelo de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, por lo que los partidos políticos también controlarán específicamente la contratación pública.
LICITACIONES MÁS ABIERTAS Uno de los aspectos en los que ha habido un mayor consenso a la hora de incluir modificaciones es en las propuestas que permitían una mayor flexibilidad en los criterios de contratación con el objetivo de abrir las licitaciones a un mayor número de empresas. Así, la nueva ley recoge la obligatoriedad de fraccionar en lotes los grandes contratos --en caso de que no sea posible la administración deberá justificarlo--, flexibiliza los requisitos de solvencia a las características y circunstancias de las empresas y no se exigirá a las sociedades con menos de cinco años la acreditación de trabajos previos, como sucedía hasta ahora.
MAYOR PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES Otra reivindicación atendida y consensuada ha sido la protección de los derechos laborales, ya que según denunciaban muchas formaciones, en numerosas ocasiones las empresas se 'descolgaban' en los concursos de los convenios laborales para presentar ofertas más baratas. A partir de ahora, las adjudicaciones deberán respetar las condiciones salariales recogidas en los convenios sectoriales. Asimismo, las organizaciones sindicales podrán recurrir incumplimientos de la empresa relativos a sus obligaciones sociales o laborales hacia los trabajadores que participen en la prestación del servicio.
A la hora de recurrir, otros de los aspectos valorados por otros grupos, como el PSOE, es la ampliación del recurso de contratación en materia especial, ya que serán recurribles los contratos de obras con un valor estimado a más de tres millones de euros y de suministro de servicios de más de 100.000 euros. Además, se establece el carácter potestativo y gratuito del recurso especial en materia de contratación.
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