El PSOE ha pedido al Gobierno, mediante una Proposición no de Ley registrada en el Congreso de los Diputados, "que se tomen medidas para evitar la explotación y precariedad laboral en el sector de la seguridad privada como consecuencia de las condiciones en las que realiza la adjudicación de las contrataciones por parte de las administraciones públicas".
Así lo ha explicado la diputada del PSOE por Córdoba, María Jesús Serrano, que ha señalado que "los clientes de la seguridad privada, tanto en el ámbito público como privado, establecen en la mayoría de los casos, como único criterio de adjudicación, las ofertas económicas más bajas". De este modo, según los socialistas, "la adjudicación de las licitaciones de los servicios de seguridad es absolutamente ajena a la intención de que las empresas garanticen unascondiciones laborales dignas y una prestación del servicio empresarial de calidad suficiente, lo que ha favorecido el intrusismo en el sector".
Todo esto ha supuesto, según Serrano, que el sector tenga "un horizonte de desregulaciónpor el abandono del convenio sectorial, con el objetivo de aumentar su facturación fomentando las malas prácticas perjudicando de forma sistemática los derechos de los trabajadores e incluso con incumplimientos en materia contributiva y con fraude fiscal". Según Serrano, a esto se suma "la proliferación de las denominadas empresas multiservicios, con una clara política de intrusismo para el sector de la seguridad privada y que supone que trabajadores con categoría de auxiliares ejerzan funciones propias de vigilantes de seguridad privada, en peores condiciones laborales, con menos derechos reconocidos y bajos niveles salariales". "Todo con el único objetivo de abaratar costes sin buscar la calidad del servicio”, continúa la diputada socialista.
Los socialistas advierten que "estas empresas auxiliares han ido en aumento constante y el 95 por ciento de ellas están desvinculadas del Convenio Sectorial Estatal, imponiendo a sus trabajadores condiciones laborales de máxima precariedad e incumpliendo de manera sistemática las normativas laborales, fiscales, sociales y económicas”, La diputada socialista ha asegurado que “con la reforma laboral del PP, los trabajadores han experimentado recortes en sus sueldos de entre un 40 y un 50 por ciento, y los que llevan más de 30 años en la misma empresa y han visto su sueldo reducido debido a la prioridad aplicativa del convenio de empresa”.
Por todo ello, el PSOE ha reclamado al Gobierno que "recupere la prevalencia del convenio sectorial ante los convenios de empresa mediante la derogación de la reforma laboral, y que se adopten medidas para garantizar el respeto del convenio colectivo sectorial de aplicación por parte de los adjudicatarios de contratos públicos, haciendo efectiva su integración de forma taxativa en los pliegos de cláusulas administrativas particulares para que se rescindan los contratos a las empresas de vigilancia que incumplan la normativa laboral". Igualmente, el PSOE ha pedido que "se impulse una contratación pública socialmente responsable mediante la creación de órganos de seguimiento en los que participen las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y que se impulse una contratación pública socialmente responsable en la ley de Contratos del Sector Público y normativa de desarrollo, tal como disponen las directivas europeas".
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