Los 52 vigilantes de las estaciones de Córdoba y provincia llevan desde agosto sin percibir sus nóminas
El PSOE ha denunciado que los contratos del Gobierno en el sector de la seguridad privada "acaban en precariedad laboral", por lo que la diputada socialista por Córdoba, María Jesús Serrano, ha pedido al Ejecutivo que ponga en marcha las medidas oportunas para acabar con esta situación. María Jesús Serrano, junto al también diputado del PSOE por Córdoba Antonio Hurtado, ha mantenido una reunión con trabajadores del sector de la seguridad privada que prestan servicio en las estaciones que ADIF tiene en la provincia de Córdoba y se han interesado por la situación laboral en la que se encuentran, según una nota de prensa remitida por el partido socialista.
“Los trabajadores nos han explicado que llevan desde agosto hasta octubre sin percibir sus nóminas, por parte de la anterior empresa adjudicataria del servicio de seguridad”, ha señalado Serrano, que ha afirmado que “esta es una de las consecuencias que se produce cuando se externalizan los servicios y no se vigila el cumplimiento de las condiciones laborales”.
INICIATIVAS PARLAMENTARIAS Los diputados socialistas se han comprometido a registrar iniciativas parlamentarias al Gobierno central sobre la situación en la que se encuentran los 52 trabajadores afectados y las condiciones en que se llevó a cabo el contrato entre la empresa de seguridad privada y ADIF. Serrano ha señalado que “es necesario acabar con esta política de externalización, privatización y recortes de servicios públicos” y ha añadido que “seguiremos trabajando para derogar la Reforma Laboral del PP que ha provocado que los trabajadores vean recortados sus sueldos y sus derechos”.
Igualmente, Serrano ha asegurado que, aunque aún no ha entrado en vigor,“sería recomendable que el Gobierno asuma ya la Ley de contratos del sector público en las futuras licitaciones” y ha añadido que “gracias a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, dicha ley incorpora medidas de carácter social que impediría que se pudiera licitar por debajo del convenio colectivo estatal.
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